De acuerdo con Wilfredo Medrano, abogado y miembro de la ONG Tulela Legal "María Julia Hernández", García debía rendir una "declaración indagatoria" ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, pero manifestó su decisión de abstenerse mediante un abogado y no en persona, con el que se le procesa junto a otros militares.
"Estos próximos días espero que comparezcan el resto de militares para dar su declaración indagatoria, que sirve para conectarlos con los hechos", pero aunque se abstengan de declarar "hay otras formas de ligarlos" al crimen de guerra, acotó Medrano.
De acuerdo con el letrado, el juez de la causa "tiene por ciertos los hechos y lo que estamos haciendo es ligando o conectando a estos oficiales, porque es difícil que un oficial con grado de coronel no tenga conocimiento de que se estaban cometiendo grandes violaciones a los derechos humanos".
A finales de marzo pasado, 16 de los 18 uniformados procesados se presentaron ante el referido tribunal, donde fueron informados de su inclusión en el proceso, abierto a raíz de la anulación a mediados del 2016 de la Ley General de Amnistía de 1993 por la Sala de lo Constitucional, que impedía abrir los casos de crímenes de guerra y lesa humanidad.
García fue deportado a El Salvador en enero de 2016 desde Estados Unidos, donde fue juzgado en 2012 por crímenes de guerra en el conflicto bélico salvadoreño.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón elite Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.
Durante los 12 años de guerra, en los que se enfrentaron la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, y el Ejército, financiado por los Estados Unidos, murieron unas 75.000 personas y desaparecieron otras 8.000, según cifras oficiales.