Según detallaron los fiscales del caso, a través de un video en la red X, Roberto d’Aubuisson es demandado por 26 irregularidades que no pudo subsanar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, cuando fue diputado de la Asamblea Legislativa en el periodo del 2012 al 2015, y cuando fungió como alcalde de Santa Tecla en dos periodos del 2015 al 2021.
La demanda detalla nueve irregularidades que suman $45,465, cuando fue diputado propietario de la Asamblea Legislativa, así mismo, otras 13 irregularidades en el periodo del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018 cuando ejerció como alcalde, que suman $363,716.
También, en su segundo periodo como alcalde, del 1 de mayo del 2018 al 30 de abril del 2021, por cuatro irregularidades con un total de $41,670, que sumaría un supuesto enriquecimiento ilícito de $480.851.01.
La demanda incluye a su esposa Jackeline Jannethe López de d’Aubuisson, y sus dos hijos: Johana d’Aubuisson López y Roberto José d’Aubuisson López.
A su esposa le cuestionan 24 irregularidades, seis de cuando d’Aubuisson fue diputado por $179,363.09 Otras siete irregularidades del primer periodo como alcalde por $206,006.33, y 11 irregularidades del último periodo como jefe edilicio de $128.059.19, que hace una suma de $513,428.64.
A su hija, Johana d’Aubuisson López, la fiscalía le cuestiona un presunto enriquecimiento ilícito de $12.939.87, por ocho irregularidades; seis de cuando su progenitor era diputado, por una cantidad de $7,277, y dos irregularidades durante el periodo de alcalde de d'Aubuisson por $5,662.87.
Mientras que a su hijo, Roberto José d’Aubuisson López, le cuestionan $10,300, durante el periodo de alcalde de su padre, y también dos irregularidades de $5,180, que hace un monto total reclamado de $15,480.
La Fiscalía pidió en su demanda que sea condenado a retribuir al Estado lo supuestamente enriquecido, así mismo, que sea inhabilitado para ejercer cargos públicos.
"Se está pidiendo la inhabilitación del funcionario por 10 años y que se integre el monto de las irregularidades", dijo la fiscal sobre la petición a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
La Fiscalía General de la República informó que las irregularidades son consistentes en depósitos a cuentas bancarias y pagos de tarjetas de créditos.