La propuesta es incorporar entre los derechos de los usuarios “a que no se modifique automáticamente el tipo de servicio que se brinda –residencial o comercial– por lo que antes de realizar un cambio deberá notificarse al usuario de dicha situación y brindársele audiencia”. Según la propuesta, realizar cualquier modificación sin seguir el procedimiento respectivo “será nula” y el consumidor no estará obligado a cancelar la nueva tarifa hasta que se siga el procedimiento respectivo.
La pieza de correspondencia fue suscrita el 22 de marzo de 2023 por Dina Argueta, Anabel Belloso y las suplentes Julieta Amaya e Iliana Vigil, en la que argumentan que existen quejas de usuarios por la falta de notificación de cambio de medidor y que este es incluido en el cobro de la factura del servicio.
“Una de las demandas más sentidas por la población son los cobros excesivos a través de los recibos y procesos indebidos que se han venido realizado desde la institución con la instalación de medidores sin previa notificación a los usuarios”, dijo Dina Argueta. Comentó que las denuncias de cambios de medidores sin aviso se recibieron desde finales de 2022 e inicio de 2023.
“El usuario se dio cuenta cuando le llegó la factura al siguiente mes y que son costos que ha que tenido que asumir la familia y que esto repercute mucho más dada la crisis económica familiar. Ya hemos tenido denuncias, a través de las redes sociales, que personas que su servicio es residencial les ha sido facturado como comercial”, afirmó Argueta.
Piden también que se suspenda el cobro impugnado luego de iniciar un procedimiento con la queja de un usuario por cobros excesivos, luego de la cual la ANDA iniciaría "una inspección conjunta con el usuario para determinar si la medición es correcta o debe revertirse la facturación”. La propuesta es que si la medición es correcta se establezca pago a plazos.