Los cinco diputados que han respaldado la iniciativa de la reforma constitucional de la pena de muerte son Guillermo Gallegos, Romeo Aüerbach, Juan Carlos Mendoza, Marta Pineda y Numan Salgado.
En un mensaje compartido en X (twitter.com), Gallegos advirtió que la “pena de muerte” es tendencia en redes sociales luego de la captura del sospechoso en la muerte de Melissa H., de 7 años, en el reparto La Campanera, Soyapango.
“Gana está listo para poder aprobar la pena de muerte, solo necesitamos que seis, siete, ocho diputados más se puedan sumar y por lo menos exploremos la posibilidad de poder abrir la puerta para que en el país se pueda aplicar la pena de muerte y para abusadores sexuales de menores de edad”, dijo Gallegos.
En El Salvador la pena de muerte, las cadenas perpetuas y “toda especie de tormento” están prohibidas. También se prohíbe las penas infamantes y proscriptivas.
Las penas infamantes son aquellas que incluyen degradación pública, deshonra o pérdida de derechos civiles o políticos; mientras que las proscriptivas restringen actividades o derechos.
El informe del gobierno de El Salvador al relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, del 4 de abril de 2022, señala que El Salvador está comprometido con los derechos humanos y que El Salvador se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que pretende abolir la pena de muerte.
Este informe estatal señala tiene una Ley Penitenciaria que establece que “el fin de la pena es proporcionar a la persona privada de libertad condiciones favorables para su desarrollo personal” y “procurar la readaptación social de los condenados y la prevención de los delitos”, así como la custodia de los detenidos.