Orantes explicó que después de un análisis a los dictámenes ambientales y jurídicos concluyeron que la empresa Elevar Resources, encargada del proyecto Cerro Blanco, debe solicitar una nueva licencia para la explotación debido a que cambiaron la explotación subterránea a un sistema de cielo abierto. Este cambio fue señalado por colectivos ambientalistas de Asunción Mita y de El Salvador.
"Por lo tanto el ministerio ha decidido que el procedimiento para acceder a una licencia ambiental debe enmendarse, la empresa Elevar Resources debe solicitar a este ministerio un nuevo estudio de impacto ambiental para el nuevo proyecto de explotación a cielo abierto".
Patricia Orantes,
Ministra de Ambiente de Guatemala.
El ministro de Minas y Energía de Guatemala, Víctor Hugo Ventura, señaló que debido a la resolución del Ministerio de Ambiente, simplemente no pueden otorgar la licencia "actualizada", a pesar que la empresa tenga vigente la licencia para la explotación subterránea. Ventura sostuvo que se hicieron mal los estudios de suelo, dado que el calor de la tierra impide los trabajos subterráneos a la empresa, pero ese es un error del estudio y no del gobierno guatemalteco.
Las nomalías
La ministra de Ambiente añadió que detectaron al menos siete irregularidades en el proceso de otorgamiento de la actualización de la licencia que hizo el gobierno de Alejandro Giammattei al finalizar su gestión.La primera anomalía es que no procedía aplicar la figura de actualización de la licencia ambiental porque el estudio del impacto ambiental de la empresa hizo un cambio en la actividad de un sistema subterráneo a cielo abierto, por ello "no procedía porque el cambio de una actividad a cielo abierto implica un proyecto enteramente nuevo y diferente al proyecto original", explicó Orantes.
La segunda anomalía es que la compañía Elevar Resources tenía un número correlativo que no le correspondía; la tercera, es que las rúbricas de las ampliaciones de oficios son presuntamente falsas y los asesores penales ya presentaron denuncias. Luego no hallaron evidencia de notificación a la empresa Elevar Resourses sobre la solicitud de ampliación, aunque las ampliaciones sí fueron presentadas.
La quinta anomalía hallada, según Orantes, es que las resoluciones van acompañadas por las iniciales de quien la redactó y la resolución 8-2024 de fecha 9 de enero tiene las iniciales de un procurador jurídico que dejó de trabajar en el ministerio en diciembre del año 2023.
La sexta irregularidad tiene que ver con la presunta usurpación de identidad del notificador, que estaba de vacaciones, y quien ya puso la denuncia ante el ente fiscal. Y la séptima irregularidad es la pérdida de más de 900 folios del proyecto original de la mina Cerro Blanco.
¿Qué ocurre?
El pasado 18 de enero, la empresa Bluestone Resources Inc publicó un comunicado donde aseguró que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala aprobó la enmienda de permisos ambientales para el proyecto minero Cerro Blanco. En respuesta, el ministerio del hermano país afirmó: “El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales no tiene la competencia para otorgar licencias de explotación minera, únicamente determina el impacto ambiental y medidas de mitigación de proyectos que se encuentran regulados en el listado taxativo de esta institución”.
Según el comunicado de la empresa, cinco días antes que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, asumiera el poder, las autoridades de ese país dieron luz verde para que la empresa canadiense retomara sus operaciones en la mina Cerro Blanco, para extraer metales y procesarlos a cielo abierto.
Peter Hemstead, presidente de Bluestone Resources Inc., afirmó en el comunicado que “después de dedicar más de dos años a obtener la enmienda al permiso ambiental, estamos satisfechos con la decisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de aprobar el permiso para el proyecto Cerro Blanco como una operación minera a cielo abierto”.
El 24 de enero, el Ministerio de Ambiente de Guatemala inició un proceso de revisión que analizará el proceso interno de evaluación y aprobación del expediente de la mina Cerro Blanco, en Guatemala, cuyas operaciones amenazan con contaminar el río Lempa en El Salvador.
“A partir del martes 23 de enero del presente año, se giraron instrucciones para realizar un análisis documental del proceso interno de evaluación y aprobación del expediente. Se realizará una auditoría ambiental en el proyecto para verificar su situación actual y el cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas”, según el comunicado que el ministerio de Ambiente guatemalteco publicó en la red social X.
Ante la noticia difundida por la empresa canadiense, los ambientalistas salvadoreños y guatemaltecos encendieron alertas por el posible inicio de las operaciones de la mina Cerro Blanco, ubicado en el municipio de Asunción Mita, a 14 kilómetros de la frontera con El Salvador.