En un documento al que tuvo acceso el diario El Universal, la Secretaría de la Función Pública pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del expresidente, una orden que se extiende a su exmujer, la actriz Angélica Rivera Hurtado y sus hijos Paulina, Nicole, Alejandro y Diego.
Dicha solicitud fue enviada por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Sandro García Rojas. En ella se detalla la realización de una pesquisa contra el exmandatario.
En dicha petición aparecen, además, unas 50 instituciones bancarias en las que podría haber cuentas de Peña Nieto: Banca Afirma, Banco del Bajío, ABC Capital Banco, Citibanamex, Santander, HSBC y Bancofiel, entre otros.
Asimismo, se solicita el acceso a información de cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y otro tipo de operaciones bancarias que tuvieron lugar entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, periodo en que Peña Nieto estuvo en el cargo.
Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda, que se encuentra encabezada por Santiago Nieto Castillo, ha solicitado a la CNBV toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos y créditos del diputado del PRI Luis Enrique Miranda, que fue ministro de Desarrollo Social de Peña Nieto, así como de su mujer, Alma Laura Saldaña Farach.
Hermetismo total
Fuentes consultadas por la cadena Univision revelaron que los requerimientos del gobierno de México exigen expresamente a los bancos abstenerse de informar sobre las solicitudes “con objeto de no incurrir en actos que pudieran entorpecer las investigaciones”. Solo pueden avisarles, dice también el documento, si sus cuentas son bloqueadas como resultado de esa indagación.
Un experto le dijo a Univision que si el gobierno recibe información que no coincida con el patrimonio que tenían al inicio del gobierno de Peña Nieto, podrían iniciarse procedimientos por enriquecimiento ilícito en su contra, y estos derivar en que se congelen sus cuentas o se les dicte prisión preventiva oficiosa.