La emisión de esta deuda se basa en el decreto legislativo 250, aprobado el 21 de diciembre de 2021, que autoriza al Ministerio de Hacienda realizar gestiones para la obtención de $498.4 millones a través de títulos valores, que podrían ser negociados tanto en el mercado nacional como internacional para un vencimiento de hasta 40 años.
Según el acuerdo de emisión, Hacienda buscaba emitir $300 millones, de los cuales logró colocar el 70 % en bonos que fueron comprados en su mayoría por los bancos que operan en la plaza local y las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
Los datos de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) señalan que la emisión del bono del tesoro del Ministerio de Hacienda, denominado SV222024, se emitió en tres tramos.
Un tramo de $187.56 millones se colocó en títulos con bancos y $15 millones fueron adquiridos por fondos de pensiones, así como otro por $7.6 millones.
El 15 de febrero pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una modificación a las condiciones en la emisión de títulos valores, entre las que destacó que pudieran ser emitidos hasta $300 millones para un vencimiento de dos años y ser utilizados por sus compradores para pagar impuestos.
La emisión de bonos en el mercado local ocurre en una coyuntura en la cual el perfil crediticio de El Salvador es observado por el mercado internacional con alto riesgo. Por un lado, el EMBI (Emerging Markets Bonds Index) sigue en un nivel alto en hasta 14.8 puntos, es decir, lo mínimo que tendría que ofrecer en intereses para emitir deuda, mientras que las agencias de riesgo han degradado la calificación de la deuda soberana por la incertidumbre de capacidad de pago del Gobierno del vencimiento de bonos para 2023.
Dependencia del mercado local.
El Gobierno recurre al mercado local para emitir los Certificados del Tesoro (Cetes) y Letras del Tesoro (Letes), para solventar los problemas de liquidez de la caja pública. Estos instrumentos se caracterizan porque se colocan a un plazo máximo de 360 días y son comprados en su mayoría por los bancos.Las estadísticas del Ministerio de Hacienda indican que entre ambos instrumentos el Gobierno tenía un saldo de deuda de corto plazo por $2,551 millones al cierre de 2021, que equivalen al 9.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año pasado.
De estos, $1,230.2 millones correspondían a Letes y $1,320.8 millones.
En la revisión a la economía salvadoreña por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su Artículo IV, la institución enfatizó que con las actuales políticas la deuda pública de El Salvador subiría en hasta el 96 % del PIB para 2026, con una trayectoria insostenible.
Para el FMI, el alto nivel de endeudamiento frenará el crecimiento de la economía salvadoreña porque en la medida que el servicio de la deuda suba, el Ejecutivo tendrá que desplazar recursos del gasto social y de infraestructura para cumplir con sus compromisos.