El Ministerio de Hacienda pidió el lunes a la Asamblea Legislativa una nueva reforma al presupuesto estatal del año 2025 para incorporar $267 millones a su partida de obligaciones generales.
Los fondos provienen de títulos valores cuya emisión fue autorizada por la Asamblea Legislativa el pasado martes 11 de noviembre en un decreto que detallaba que los fondos podrían ser destinados a “prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran liquidez, transferencias varias o para apoyar necesidades sociales, ambientales y/o económicas”.
Hacienda no detalla cuáles serán los destinos específicos de los $267 millones que incorporará al presupuesto, únicamente indica que la petición se realiza “a efecto de darle cobertura presupuestaria de forma oportuna a aquellas prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado y transferencias varias”.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, ha prometido que en la aplicación de los presupuestos estatales de 2024 y 2025 no usaría fondos provenientes de deuda para gasto corriente, es decir, para gastos en remuneraciones o compras de bienes o servicios, sino únicamente para inversión, por ejemplo, proyectos de infraestructura.
La reforma del presupuesto que esta vez propuso a los diputados de la Asamblea Legislativa incorpora los ingresos al rubro “31 Endeudamiento público, cuenta 311 colocación de títulos valores en el mercado nacional, fuente específica 31101 bonos del Estado”.
Y en el apartado de gastos, “se incrementan las asignaciones de las diferentes líneas de trabajo de la Unidad Presupuestaria 13 Obligaciones Generales del Estado”.
En octubre pasado, a solicitud de Hacienda los diputados incorporaron $149.625 millones a la partida de obligaciones generales del Estado, pero los fondos provenían de una emisión de títulos valores de $150 millones, remanente de los $1,500 millones de títulos autorizados por los legisladores el 22 de mayo de 2024. Este decreto también avaló que el dinero puede ocuparse para “necesidades generales del presupuesto del Estado y/o financiación de operaciones de manejo de pasivos”, así como mejora en condiciones sociales, medioambientales o económicas de la población.
Otra de las reformas recientes aprobadas en noviembre incorporó $359 millones a 15 instituciones del Estado (11 ministerios, Fiscalía, procuradurías y TSE), de fondos provenientes de deuda y de impuestos para “necesidades que no estaban programadas” y que “han surgido” a lo largo del año. Hacienda explicó que $150 millones provenían de títulos valores recién autorizados y $209.3 millones de excedentes de ingresos del Estado.