Durante la extinción de dominio, la FGR decomisó dos inmuebles, 20 vehículos automotores y 12 lanchas que eran utilizados en el litoral salvadoreño para el tráfico de droga.
Además, indicaron que los inmuebles y vehículos pasarán a ser administrados por el Estado salvadoreño, por considerarse que han sido utilizados para el transporte de droga.
Desde el 2021 las autoridades salvadoreñas intensificaron sus operativos en contra de traficantes de drogas que utilizaban las rutas marítimas del oriente para el trasiego de estupefacientes.