“Es importante destacar que la APES presentó una solicitud para ser parte observadora de la audiencia relacionada con este caso, solicitud que lamentablemente fue negada. La jueza argumentó que el fallo a favor de EDH y el periodista no afectará al gremio periodístico, lo cual consideramos un razonamiento falaz y preocupante. La negativa a nuestra solicitud de observación resalta la necesidad urgente de defender y proteger la libertad de prensa de nuestro país”, dice el comunicado que giró la asociación el martes.
En el comunicado, la APES lamenta que el caso avance pese a “las leyes son claras en cuanto a que los juicios desfavorables de la crítica periodística no constituyen daño moral”.
¿Qué demanda?
Este miércoles, el juzgado desarrolla la audiencia probatoria contra El Diario de Hoy y el periodista, Jorge Beltrán, luego que el empresario Yacov Fauster pusiera una demanda en su contra por $10 millones.Fauster los demandó a partir de una publicación que cita una investigación periodística de la revista mexicana Proceso, sobre empresas ligadas al ciberespionaje, donde mencionan el nombre del demandante como propietario de una de las empresas.
El 27 de enero del año 2022, el empresario pidió derecho de rectificación y respuesta, por considerar que la noticia era falsa; ante la petición, El Diario de Hoy publicó el derecho de respuesta donde aclaró que la noticia fue sustentada en la investigación de la revista mexicana, sin embargo, el empresario no estuvo satisfecho porque buscaba una disculpa pública, pese a que la Ley para el Ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta no contempla la medida de las disculpas públicas.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador resolvió que el medio debía de dar derecho de respuesta, la cual se cumplió el 2 de abril de 2022; el juez dio por cumplida la sentencia y archivó el caso. Pero en junio de este año, el empresario reabrió el caso en el Juzgado Primero Civil y Mercantil, por reparación de daño moral.
Preocupación
El pasado 8 de diciembre del año 2023, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la demanda millonaria y afirmó que tiene el objetivo de silenciarlos, así mismo, la intención de amedrentar y buscar el efecto de la autocensura."El hostigamiento judicial y económico en este caso viola principios elementales de libertad de prensa que deben regir en una democracia...la indemnización irrisoria que pretende el demandante busca el ahogo económico para silenciar al medio y al periodista", sostuvo el presidente de la SIP, Roberto Rock.
La APES señala que el caso podría sentar un precedente “nefasto” para el gremio periodístico en El Salvador, si el fallo es en contra de los demandados. “Podríamos enfrentar un escenario donde las y los periodistas serán objeto de futuras demandas por “daño moral” simplemente por ejercer su deber informativo en la sociedad salvadoreña.