En concreto, la enmienda reforma el artículo 159 de la Constitución, así como el artículo 84 de la ley del poder judicial, que establecen que el Supremo debe recibir no menos de un 4 % del presupuesto estatal, según el diario 'La Prensa'.
La Asamblea Nacional ya aprobó a finales de octubre otra enmienda a la Constitución para eliminar la potestad del Supremo de supervisar la administración de los registros públicos de bienes inmuebles y el mercantil, que pasaron a formar parte de la Procuradoría General.
Esta nueva modificación se produce después de que la sede del Supremo fuera intervenida por la Policía y la presidenta de la corte, Alba Luz Ramos, fuera destituida del cargo en el marco de una campaña de despidos masivos dentro del poder judicial --hasta 900 funcionarios-- liderada por el comisionado general retirado Horario Rocha, según informó el diario 'Confidencial'.
En los últimos meses, el Gobierno de Daniel Ortega ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.