La opción del alquiler no representa un alivio sustancial pues los precios de los alquileres también están por las nubes, lo que perpetúa un ciclo de inaccesibilidad para aquellos que buscan estabilidad y seguridad habitacional. La incapacidad de acceder a una vivienda digna y asequible está generando una preocupante tendencia que podría aumentar los asentamientos informales, donde la calidad de vida se ve gravemente comprometida, y la posibilidad de legalización es completamente inexistente.
Ante este panorama, es necesario cuestionarnos si es tiempo de que nuestras autoridades tomen medidas concretas para abordar esta problemática. ¿Es esencial legislar y establecer políticas públicas que fomenten la adquisición de vivienda o alquileres accesibles para la población? La respuesta parece clara: sí.
La vivienda es un derecho humano fundamental. Garantizar que todos tengan acceso a una vivienda adecuada es responsabilidad de un Estado comprometido con el bienestar de su población. Se requiere una intervención gubernamental que fomente la inversión en infraestructuras habitacionales, así como el establecimiento de incentivos fiscales y programas que faciliten la compra o alquiler de viviendas a precios justos y asequibles para las clases populares.
Además de una regulación al fenómeno de gentrificación al que nos hemos visto expuestos en los últimos años.
Al no abordar esta crisis, nos arriesgamos a que el tejido social se desgaste aún más. Las implicaciones de una población sin acceso a una vivienda digna son profundas y preocupantes. Y van desde la inestabilidad económica hasta la exclusión social, sin contar los daños emocionales y la ansiedad que genera esta inestabilidad social, los efectos de esta crisis pueden desencadenar un ciclo de desesperación y desesperanza que es perjudicial para toda la población que habitamos El Salvador.
La respuesta no está en la indiferencia ni en la postergación de medidas. La respuesta está en la acción proactiva y en la toma de decisiones valientes. Es hora de que nuestro país se enfrente a esta crisis de frente, con una visión a largo plazo que permita a toda la ciudadanía salvadoreña tener un lugar al que llamar hogar, un lugar donde construir sus sueños y asegurar su futuro.
Y aunque aún queden en espera respuestas a preguntas esenciales como ¿Quiénes se están beneficiando de los altos costos de la vivienda?, ¿Quiénes están capacitados para pagar viviendas tan caras en un país donde el salario mínimo aún no alcanza ni los $400 dólares?, o ¿hasta cuándo será posible cambiar esta situación?
Es hora de que la vivienda deje de ser un sueño distante para todas las generaciones y se convierta en una realidad alcanzable para todas las personas que residimos en un país al que le queda grande su nombre: El Salvador.