Si no fuera tan serio el asunto, sería de risa, pero resulta que todos los testigos son policías que “les contaron” sobre los tuits o sobre mensajes de WhatsApp en los que los acusados expresaban sus opiniones contrarias a la dictadura. En otro caso que ronda el absurdo, un acusado fue condenado porque un policía relató que un vecino le contó que el indiciado había comprado pintura azul y blanco, los colores patrios usados en las protestas antigubernamentales.
Eso no ha bastado. Los diputados del regimen -hay que recordar que no hubo oposición política permitida en la última elección- han despojado de su personería jurídica a docenas de ONGs y a media docena de universidades privadas, incluyendo una que fue icono de las protestas en 2018, dejando en el limbo a miles de estudiantes y docentes.
Los Ortega-Murillo han convertido a Nicaragua en un país sin democracia, sin medios de comunicación porque todos han sido prohibidos o perseguidos, sin periódicos impresos porque todos fueron cerrados, sin libertades, sin jóvenes, sin pensamiento crítico, sin sociedad civil porque todos los ONG son perseguidos, sin derechos humanos y sin universidades. Todo en nombre de una familia que pretende perpetuarse en el poder con total impunidad, abusando de los más elementales derechos de su ciudadanía y acabando con todo atisbo de libertad. Es la edad de piedra en Nicaragua.