La trigésima tercera prórroga del régimen de excepción

La semana pasada se prorrogó una vez más el régimen de excepción, una medida aplicada desde marzo de 2022 a raíz del desborde de homicidios provocados por las pandillas que operaban en el país. El gobierno de Nayib Bukele ha puesto a El Salvador bajo el reflector internacional con su agresiva estrategia de combate contra las pandillas. Según datos oficiales, más de 83,000 personas han sido arrestadas desde que se implementó el régimen de excepción en marzo de 2022, dejando a aproximadamente 8,000 pandilleros aún en la mira de las autoridades. Este enfoque ha reducido drásticamente los índices de homicidios en el país, una transformación que ha sido celebrada por algunos como un modelo a seguir en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, también ha recibido críticas de parte de organizaciones de derechos humanos y de la oposición política. Lo que es verdad es que El Salvador ha transitado de ser uno de los países más violentos del mundo a ostentar tasas históricamente bajas de homicidios, con una proyección de 1.8 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024. Este logro es producto de la política de seguridad que ha desmantelado la estructura operativa y financiera de las pandillas. Para un país asfixiado durante décadas por la violencia y las extorsiones, esta nueva realidad representa una esperanza largamente esperada. El gobierno defiende estas medidas como necesarias para "destruir completamente” el "Estado criminal paralelo” de las pandillas. Sin embargo, los críticos siguen subrayando abusos de parte de las fuerzas de seguridad. El anuncio de Bukele sobre una posible relajación de las medidas de seguridad podría ser un punto de inflexión. Si bien el control estatal sobre las pandillas es evidente, el verdadero desafío será consolidar esta victoria sin perpetuar el régimen de excepción. La construcción de una paz duradera pasa por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el respeto por los derechos humanos y la inversión en programas sociales que prevengan la reincidencia y brinden alternativas a las generaciones futuras, como bien se está haciendo desde la Dirección de Integración. Nos acercamos pues al tercer año del régimen de excepción con enormes desafíos, incluyendo el fin de la medida misma, con la meta indiscutible de mantener un país seguro.