La Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) nos daba ayer la buena noticia que la represa hidroeléctrica El Chaparral -rebautizada por este gobierno como 3 de febrero- finalmente entrará en operaciones a finales de este año.

Lamentablemente la historia de esa represa es un monumento a la ineficiencia y a la corrupción de los gobiernos anteriores. El proyecto inició con una inversión de $207.8 millones, pero en 2019 la CEL aseguró que el costo se triplicó y superaría los $759 millones, y que incluso no se tenían todos los terrenos para realizar las descargas.



Hay una célebre historia de que hasta la montaña “movieron” para aumentar los costos de la construcción. No hubo tal movida de montaña sino otras movidas que el tiempo ha ido develando poco a poco.

El presidente de CEL, Daniel Álvarez, decía ayer que CEL tuvo que asumir $200 millones en deuda por falta de operación de la represa hidroeléctrica pero ese solo es uno de los tantos costos que trajeron los contratos mal hechos en las administraciones anteriores. El costo de la corrupción en este caso, tiene un monto probable pero hay otros costos adicionales y otros tantos potenciales.

El Chaparral. Daniel Álvarez, presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) señaló que la empresa estatal ha tenido que asumir el pago de $200 millones en préstamos para la construcción de El Chaparral ante el retraso de la entrada de operaciones de la central. Según CEL, debido al retraso en su operación, tuvo que asumir con ingresos normales el pago del préstamo y señaló que si la operación de la central no se hubiese demorado, el precio de la energía eléctrica “no se hubiera encarecido” ante coyunturas como la actual por el incremento a nivel internacional del crudo.