El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha recibido cinco preguntas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las respuestas, según la Sala, le ayudarán a resolver una demanda de ciudadanos que alegan que el presupuesto 2017 está desfinanciado y es inconstitucional. Estas son las preguntas:
  1. ¿Se omitieron partidas presupuestarias en la ley del presupuesto 2017 o si se incluyeron partidas con financiamiento insuficiente y gastos previsibles?
  2. ¿Se han proyectado ingresos mayores en el presupuesto 2017 a los que se esperan y por qué? ¿Están proyectados ingresos tributarios brutos y no netos?
  3. ¿Existe tendencia a financiar gasto corriente y cubrir brechas con deuda flotante (deuda de corto plazo)?
  4. En la elaboración del presupuesto 2017, ¿se tomó en cuenta un programa de endeudamiento para cubrir deficiencias proyectadas?
  5. ¿Se incrementó en el presupuesto 2017 el gasto en equipo, infraestructura, bienes y servicios y remuneraciones respecto a 2016? ¿Cuáles fueron las instituciones favorecidas?
La Sala emitió la resolución el 2 de junio y dio 10 días hábiles al ministro de Hacienda, que se vencerían el próximo viernes 16 de junio.