Las minas antipersonales causaron más de 6,200 víctimas entre muertos y heridos durante 2024, lo que representa el número más alto registrado desde 2019, según un informe publicado este lunes por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, por sus siglas en inglés).

Del total de víctimas, al menos 1,945 personas murieron y 4,325 resultaron heridas. El 90 % de los afectados eran civiles y el 46 % eran niños, detalla el informe, que documenta explosiones en 52 países. De esos, 36 forman parte del Tratado de Ottawa, que prohíbe el uso, almacenamiento y producción de minas antipersona.

Birmania fue el país más afectado por segundo año consecutivo, con más de 2,000 víctimas. Le siguen Siria con aproximadamente 1,000, Afganistán con 624 y Ucrania con 293.

Actualmente, 166 países forman parte del Tratado de Ottawa, incluidos dos que se sumaron este año. Sin embargo, preocupa el giro de cinco países europeos —Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia— que se encuentran en proceso de salida del tratado, mientras Ucrania intenta suspender su aplicación alegando su participación en un conflicto armado internacional.

La financiación para actividades de desminado también se ha reducido. El informe advierte que la ayuda internacional cayó un 5 % respecto a 2023, afectando directamente los servicios para las víctimas. Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea se mantuvieron como los principales donantes, aportando el 62 % del total internacional. Solo un 2 % de esos fondos fue destinado a ONG nacionales.

Human Rights Watch advirtió que “la prohibición mundial de las minas terrestres antipersonal salva vidas civiles, pero enfrenta serias amenazas por parte de los países que abandonan el tratado y el nuevo uso de minas terrestres”.

Mark Hiznay, director asociado de crisis, conflictos y armas de HRW, hizo un llamado urgente a la acción. “Los gobiernos deben condenar con firmeza la retirada de los Estados del Tratado de Prohibición de Minas”, señaló. Además, subrayó la importancia de limpiar los territorios contaminados para permitir que las comunidades afectadas recuperen sus tierras y medios de vida.