Todas las empresas del país e incluso muchos hogares que contratan personal de servicio, piden solvencias penales, así que si este mecanismo de control de la Policía Nacional Civil, hubiera sido violentado, como ha denunciado la Fiscalía General de la República, estaríamos ante una enorme incertidumbre sobre qué tipo de personas se habría contratado en las empresas o incluso, a quién tendría usted en su casa.
Sacar la solvencia policial ha sido siempre un calvario, mucha gente solía hacer filas por horas ahí alrededor del Estadio Mágico González y muchos eran capaces de comprar un lugar a gente que vendía el puesto.
Pero de eso a que se haya llegado a alterar y comercializar con las solvencias, es gravísimo. Según la Fiscalía, la funcionaria procesada era la representante legal de la Oficina de Solvencias de la PNC.
En este caso particular, junto a un abogado, habrían alterado la solvencia de una persona que buscaba que no le aparecieran los antecedentes policiales para efectos laborales.
Según la víctima, le habrían cobrado $600 por la solvencia alterada, pero bajo la promesa que su récord quedaba limpio. El problema fue cuando necesitó una segunda solvencia, porque buscaba empleo y le apareció de nuevo con los antecedentes. La funcionaria supuestamente le pidió otros $300 para darle otra copia limpia.
Ojalá que la Fiscalía y el juez del caso dejen claramente demostrado lo que sucedió, porque realmente sería catastrófico si todo este sistema se ha vulnerado.