En redes sociales circularon fotografías de la mascota con la aseveración de que el funcionario supuestamente había matado al animal, nombrando al Instituto de Bienestar Animal (IBA).
“La Corte Suprema de Justicia informa que el magistrado de la Cámara de Familia de la sección de Occidente, Santa Ana, Luis Edgardo Molina Cartagena, ha decidido renunciar a su cargo luego de los acontecimientos suscitados esta mañana con la mascota de una familia vecina del magistrado”, indica el comunicado.
Una fuente del lugar aseguró que el perro, ya bastante mayor, en realidad no tenía dueños, pero como todos los vecinos le daban comida, lo querían y por ello firmaron como dueños. “Todos firmamos como dueños, no queremos dinero ni nada, queremos justicia, que pague el daño”, indicó un vecino del lugar.
Según la fuente, el magistrado “aceptó que lo había acuchillado" e incluso que lo volvería a hacer.
Al ver herido el animal, según la fuente, los vecinos y una fundación buscaron un veterinario, la alcaldía lo trasladó a Chivo Pets pero falleció. Se conoce que al lugar acudieron la Policía Nacional Civil, el Instituto de Bienestar Animal (IBA) y la Unidad de Protección de Animales de Compañía Municipal (UPACM).
El delito de maltrato animal, regulado en el artículo 261-A del Código Penal, castiga con prisión de dos a cuatro años las lesiones, el dolor, sufrimiento o daño permanente a animales domésticos, pena conmutable, y aumentable si hay ensañamiento; y la prohibición de tenencia de animales si se causó la muerte, además de una multa de tres a cinco salarios mínimos del sector comercio e industria, de $1,095 a $1,825.