Maarit Kohonen, directora de la División de Operaciones Globales, aseguró que la represión "no solo persiste, sino que se ha convertido en una práctica recurrente", exponiendo a opositores en el exilio a amenazas contra su vida e integridad física. "Se trata de un desmantelamiento devastador del espacio cívico", afirmó.
La ONU destacó que defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como líderes religiosos y laicos, figuran entre los principales afectados por este hostigamiento. Desde 2018, se contabilizan al menos 178 exilios de periodistas y la cancelación arbitraria de 5,535 organizaciones sin fines de lucro.
Según Kohonen, los pueblos indígenas y afrodescendientes también enfrentan amenazas por reformas aprobadas sin consulta ni consentimiento, sumadas a ataques contra sus comunidades que incluyen asesinatos y violencia sexual.
La ONU denunció que las detenciones arbitrarias continúan como herramienta de represión, mientras la nueva Ley Electoral, vigente desde marzo, permite a la Presidencia proponer al titular de la Corte Suprema y restringe la publicidad de procesos penales. La organización pidió al Gobierno de Nicaragua reabrir el diálogo y retomar su compromiso con los derechos humanos.