La oposición en la Asamblea Legislativa expresó el miércoles su rechazo a las reformas al Código Municipal impulsadas por el Ejecutivo, que buscan regular el registro, funcionamiento y disolución de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adescos). Para diputadas de los partidos Arena y Vamos, estas modificaciones suponen un intento del gobierno por controlar la organización comunitaria y limitar su autonomía.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Arena, manifestó su rotunda oposición al dictamen favorable ya aprobado en comisión legislativa.

“Es evidente que lo que quieren es tener control sobre las Adescos. Estas asociaciones han trabajado con su propia gente para mejorar sus comunidades sin recursos estatales. Imponer requisitos como registros contables y estados financieros implica gastos que muchas no pueden asumir”, argumentó Villatoro.

Según la diputada, centralizar la inscripción de las Adescos en el Centro Nacional de Registros (CNR) otorga al Ejecutivo una herramienta para decidir qué organizaciones comunitarias pueden operar, lo cual —afirmó— limita el derecho de las personas a asociarse libremente.

Desde el partido Vamos, la diputada Claudia Ortiz coincidió en que las reformas suponen un retroceso en el derecho de organización ciudadana.

“La gente organizada ha detenido rellenos sanitarios, plantas de transferencia y ha logrado avances importantes. Pero este gobierno no quiere que la gente se organice, quiere mantenerla vigilada”, expresó.

Ortiz criticó que el nuevo marco legal imponga más trámites burocráticos y costos a comunidades que ya enfrentan abandono institucional.

“Hoy las comunidades hacen rifas para arreglar calles o poner luminarias. ¿Y ahora el gobierno les va a imponer más carga? Solo quieren una población obediente que no exija lo que le corresponde por derecho”, sentenció.

¿Qué establece la reforma?

El dictamen favorable emitido el 1 de diciembre por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno incluye los siguientes puntos:

Las Adescos deberán inscribirse obligatoriamente en el CNR.
Deberán presentar estados financieros y estar sujetas a requerimientos de información por parte del Estado.
En caso de manejar fondos públicos, estarán bajo fiscalización de la Corte de Cuentas de la República.
Aunque se esperaba que la reforma fuera discutida y votada en la sesión plenaria del martes 2 de diciembre, el tema no fue incluido en la agenda del día.

Ortiz subrayó que la reforma es un nuevo paso en la concentración de poder por parte del Ejecutivo.

“No se trata de oponerse por oponerse, sino de defender la libertad de asociación y la autonomía comunitaria. Esta reforma es abusiva y allana el camino a un control estatal excesivo sobre lo que hacen los ciudadanos para salir adelante”, concluyó.