La Coalición por los Derechos Humanos de los Migrantes (CHIRLA); el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES); el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN); el Movimiento Católico por la Paz; el Fondo Salvadoreño de Liderazgo y Educación; la Organización Transnacional de Comunidades Migrantes, Alianza Américas, entre otras, aseguran que la nación norteamericana se volvió “cómplice” en la promoción de la militarización y las respuestas punitivas a la violencia de las pandillas y a las violaciones rutinarias de los derechos humanos.
Además, señalaron que Estados Unidos se ha vuelto un “socio activo y un importante financista” de los planes de seguridad de gobiernos anteriores y de la actual administración del presidente Nayib Bukele y su “guerra contra las pandillas”.
Las asociaciones también se refirieron a la falta de soporte financiero y apoyo político para las políticas preventivas y los programas de reincorporación de los privados de libertad en las cárceles de El Salvador.
En enero de 2021, la administración de Donald Trump cortó ayuda militar a los países del Triángulo Norte para la adquisición de equipo estadounidense de defensa.
En octubre del año pasado, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos también anunció el retiro de ayuda financiera a la Policía Nacional Civil y se utilizaría para “promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos".
Desplazamiento y migración
Por otro lado, las organizaciones creen que, con la aprobación del régimen de excepción y las reformas al Código Procesal Penal y la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, hay indicios de que los salvadoreños están siendo desplazados de sus comunidades de manera progresiva, tomando como base los datos de las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.Las organizaciones afirman que las detenciones arbitrarias y capturas en los diferentes municipios motivan a sus habitantes a huir de sus comunidades, sin importar los riesgos que esto conlleva.
Según datos del Gobierno de Estados Unidos, durante los cinco primeros meses del año fiscal estadounidense 2022 se han detenido a 41,267 salvadoreños en la frontera sur.