Miembros del Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) y otras organizaciones sociales se concentraron este domingo en las cercanías del penal de Izalco, en Sonsonate, para pronunciarse sobre el caso de la abogada Ruth López.
La actividad se desarrolló en la entrada a la granja del centro penitenciario, donde los participantes exigieron información sobre su estado y condiciones de reclusión.
El 14 de marzo se cumplieron 300 días desde que fue detenida en mayo de 2025, preliminarmente señalada de peculado, pero luego, acusada de enriquecimiento ilícito. El caso se mantiene en reserva y la mayor parte de su tiempo en prisión ha estado incomunicada de su familia y sus abogados.
Tampoco han permitido que organismos internacionales confirmen su estado, según la organización Cristosal.
Recientemente, a López le fue otorgado el Premio al Héroe contra la Delincuencia y la Corrupción otorgado por primera vez por el Proyecto de Reportería sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), una de las organizaciones de periodismo de investigación más grandes del mundo, con sede en Ámsterdam y con presencia en seis continentes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de López y del abogado Enrique Anaya, también detenido y crítico del Gobierno de Bukele, porque enfrentan un «riesgo de daño irreparable» a sus derechos a la vida, integridad y salud.
López declarada por Amnistía Internacional como persona prisionera de conciencia, argumentando que su detención se basó en la expresión pacífica de sus ideas y en su labor de derechos humanos, sin indicios de violencia.