Un nuevo proyecto de Ley del Agua elaborado por las organizaciones de la sociedad civil pide prohibir que militantes de partidos políticos y familiares de funcionarios públicos integren la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

La iniciativa “Ley General de Aguas y Saneamiento”, entregada a la Asamblea Legislativa por miembros de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, prohibiría que los directivos de la nueva autoridad hídrica sean miembros o directivos de una entidad política, familiares hasta el tercer grado de afinidad y cuarto de consanguinidad de funcionarios públicos o titulares de permisos de cualquier tipo.



 

Nexos a empresas.

Tampoco podrían integrar la ANA miembros o accionistas de las juntas directivas u organismos de dirección de empresas proveedoras de agua potable y saneamiento; tampoco representantes, socios, accionistas, directores, administradores o apoderados de las sociedades que posean y soliciten permisos.

El borrador de ley del agua elaborado por diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del periodo 2018-2021 había inhabilitado a los defensores del derecho al agua. Sin embargo, las organizaciones no incluyeron esta exclusión en su propuesta.

Las organizaciones buscan que la ley sea de orden público, es decir, que prevalezca sobre otras normas.

 

Bien público.

El anteproyecto buscaría que el agua sea un bien nacional de uso público, que las actividades en torno al agua se declaren de utilidad pública y de interés social.

El presidente de la entidad administradora de la junta directiva del agua sería nombrado por el presidente de la República. De acuerdo a la propuesta, la junta directiva de la ANA se conformaría solo por entidades públicas.
Estamos tratando que no sea una discusión sola y opaca, sino que sea una discusión pública y abierta para que sepamos los articulados que van aprobando”. Adela Bonilla, ambientalista

La autoridad hídrica.

Los miembros de la junta directiva de la autoridad hídrica, según la propuesta de las organizaciones, serían el titular del  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (MARN); el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); el titular del Ministerio de Salud, (Minsal); el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el titular del Ministerio de Economía y el titular del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), todos funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo.

 

Respado de Arena y FMLN.

Este nuevo anteproyecto de ley fue acompañado por diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y del Frente Farabundo Martí (FMLN). Mauricio Linares, diputado de Arena, acotó que es necesaria la aprobación de la Ley del Agua para manejar adecuadamente el servicio.

La diputada Dina Argueta, del FMLN, pidió por su parte que la normativa jurídica sea discutida ampliamente con la sociedad civil para que la ley beneficie a todos los salvadoreños.

 

Ley del Agua y saneamiento: un nuevo proyecto

Este fue presentado por organizaciones de la sociedad civil que piden se garantice el agua y su saneamiento, para toda la población.

 
  • Que sea ley de orden público
La propuesta de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua pide una normativa de orden público, es decir, que prevalezca sobre el resto de leyes.

 
  • Bien nacional de uso público
El proyecto de ley presentado ayer indica que el vital líquido es un bien nacional y de uso público para que sea garantizado a toda la población salvadoreña.

 
  • Agua y saneamiento
La iniciativa de las organizaciones pide que se establezca en la ley el derecho humano al agua y al saneamiento para que las personas no reciban agua contaminada.

 
  • Fiscalización
La autoridad nacional del Agua (ANA) tendría la labor de fiscalizar la gestión del agua y el saneamiento a través de auditorías con una empresa reconocida.

 
  • Política de gestión
De acuerdo al proyecto, la autoridad nacional del agua deberá realizar una política nacional de gestión de recursos hídricos para la gestión adecuada del agua.