Los relatores sobre la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul; la presidenta relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Morris Tidball-Binz; sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite; sobre el derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères; sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Alice Jill Edwards, recomendaron la "revisión" de dichas leyes para "asegurar el cumplimiento por parte de El Salvador" de "obligaciones legales internacionales y regionales".
El decreto 928 de reforma a la Ley Especial contra actos de terrorismo facultó al fiscal general de nombrar terroristas y emitir una lista nacional de personas y entidades designadas como terroristas que será pública y se actualizará de forma periódica.
Los relatores sostienen que, incluso cuando se asocia a una persona o grupo con el terrorismo, "los criterios de inclusión en la lista no exigirían ninguna evaluación" de la necesidad "para incluir en la lista a esas personas o grupos concretos".
El decreto 804, modificaciones de la Ley especial contra el crimen organizado, "parecerían violar el derecho de defensa de los acusados, el principio de seguridad jurídica, los requisitos de igualdad ante los tribunales y de no discriminación, así como las garantías del debido proceso" según los relatores. Este decreto permite prolongar los plazos de los juicios.
Según los relatores, el decreto 803, aprobado el 26 de julio de 2023, que permite agrupar a los imputados en procesos judiciales, es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Se trata de disposiciones transitorias especiales para ordenar el proceso de detenidos bajo el régimen de excepción.
"En vista de las observaciones anteriores, instamos al Gobierno de su Excelencia a que revise y reconsidere los decretos Nos 803, 804 y 928 a la luz del hecho de que algunas de sus disposiciones socavarían gravemente las garantías esenciales del debido proceso y los derechos esenciales de las personas investigadas y procesadas y las expondrían al riesgo de ulteriores violaciones, incluyendo torturas y desapariciones forzadas", reza la comunicación de los relatores.
Los relatores solicitaron al gobierno "indicar las medidas adoptadas para prevenir, en el marco de la aplicación de la legislación mencionada, casos de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y desapariciones forzadas".
Los relatores preguntan al gobierno cuál es la compatibilidad de las reformas legislativas con el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de sobre los Derechos del Niño.
También cuestionan al gobierno si son compatibles las disposiciones del decreto 804 sobre plazos procesales, uso de medios tecnológicos, solicitud de rúbricas por parte de la fiscalía, control de investigaciones especiales, prueba de confesión y peritaje, con el derecho internacional de los derechos humanos, "particularmente en lo relativo a los requisitos de legalidad, el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad personal y el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".