De hecho, ese reglamento menciona esta responsabilidad en tres ocasiones, la primera en el artículo 22, la segunda en el 24 y la tercera, en el 27. “Los clubes, en condición de local, solicitarán a la PNC ejercer la seguridad”, señala el primer artículo mencionado.
Mientras que el artículo 24 añade que además de la corporación policial, también estará a cargo de policías municipales, agentes de seguridad privada o de instituciones autónomas.
“El control y la vigilancia de los estadios para garantizar la seguridad necesaria a los clubes visitantes y aficionados serán coodinados por los clubes que actuén de local junto con la Policía Nacional Civil, Policías Municipales, Agentes de Seguridad Privada o de Instituciones autónomas”.
Artículo 24
Bases de la Primera División del Fútbol Salvadoreño.
También, establece que la Primera División del Fútbol Profesional debe enviar a la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC, la programación de cada partido, informar modificaciones, las prohibiciones, e informar cuando se trate de “partidos de alta convocatoria”.
“Todo club de la Primera División del Fútbol Profesional que actúe como local, coordinará junto a la PNC”.
Artículo 27
Bases de la Primera División del Fútbol Salvadoreño.
El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, dijo el pasado lunes que el 15 de mayo tuvieron una reunión con la Primera División para preparar la seguridad del partido Alianza F.C. y C.D. FAS, que tendría lugar el sábado 20 de mayo, en el estadio Cuscatlán, en donde nueve personas murieron, según los reconocimientos de la Fiscalía General de la República.
Para ese partido, el comisionado general Arriaza Chicas dijo en la entrevista de canal 10 que dispusieron de 250 policías y que en el portón de Sol General, donde ocurrió una estampida humana, estaban destacados 14 policías y dos oficiales.
Esta semana, la misma Fiscalía giró cinco órdenes de captura en contra del presidente del Alianza F.C., Pedro Hernández, el gerente de seguridad del Alianza, Edwin Abarca Ventura; la gerente financiera del Alianza, Zoila Córdova; el gerente general de EDESSA, Reynaldo Avelar Contreras, y el encargado de las llaves del estadio, Samuel García Montano. Todos serán acusados de los delitos de homicidios culposos, lesiones culposas y estragos públicos.
La principal línea de investigación de la Fiscalía es que las entradas eran insuficientes y que hubo sobreventa de boletos, incluso, en taquilla se vendieron boletos que no pertenecían a ese encuentro. Sin embargo, la Fiscalía no ha dicho si investigará a los policías que tenían en custodia el portón de Sol General del coloso de Montserrat.
¿Y si ocurre algo, de quién es la responsabilidad?
Este mismo reglamento de la Primera Divisón señala que cuando se altere el orden un partido de fútbol, el responsable será “el club organizador”, esto cuando se ponga en peligro la integridad física de los árbitros, jugadores, técnicos o personas en general, se causen daños materiales o lesiones, se produzca invasión del terreno de juego o se perturbe “notoriamente” el normal desarrollo del encuentro.
El séptimo inciso del artículo 23 de las base añade que la responsabilidad será del equipo organizador, cuando se compruebe que el equipo local no adoptó las medidas para prevenir los hechos o “hizo negligentemente” para que la seguridad fuera “deficiente, insuficiente o de escasa eficacia”.
La tragedia ocurrida en el estadio Cuscatlán el pasado sábado provocó también la suspensión del torneo clausura 2023, según el anunció de la Fesfut, el pasado miércoles en la tarde.