Los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron el martes tres préstamos que suman $400 millones para proyectos para mejorar la conectividad vial y proyectos sociales.

El diputado William de Soriano, de Nuevas Ideas, defendió la adquisición de esta deuda, asegurando que los contratos de estos préstamos se destinan al desarrollo del país.



“Arena y el FMLN, en 30 años, nos endeudaron con $20,000 millones, más los $84,000 que tuvieron en presupuestos, sí, para darle seguridad a la gente, para reconstruir escuelas, para modernizar la infraestructura vial y portuaria de El Salvador, para crear un sistema de protección social en los momentos de impacto climático. ¿Lo hicieron? No. Entonces, ahora, ¿a quién le toca hacer todas esas cosas? Al gobierno del presidente Nayib Bukele”, cuestionó Soriano.

El diputado César Reyes, de Arena, le respondió y le pidió que no pongan “excusas” para explicar a los salvadoreños quién pagará esta deuda.

"La deuda que ustedes están adquiriendo hoy la van a terminar pagando los salvadoreños y, por esa razón, se vuelve inmoral porque incluso salvadoreños que ni han votado por ustedes van a tener que pagar esa deuda; salvadoreños que ni han nacido van a pagar esa deuda, que es irresponsable ese exceso de deuda que ya suman los $10,000 millones", cuestionó el diputado Reyes.

El diputado arenero preguntó a Nuevas Ideas dónde está el Hospital Rosales que prometieron y dónde están las escuelas que se iban a construir con los préstamos que esta Asamblea Legislativa aprobó. "La deuda se vuelve irresponsable cuando no existe transparencia, cuando no existe rendición de cunetas y los que votan a favor de ese exceso de deuda están siendo irresponsables”, insistió el diputado de Arena.

Los tres créditos

1. $150 millones para carreteras, pasos a desnivel, infraestructura peatonal y señalización

El primero es un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $150 millones para el “Proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador”; la autorización fue aprobada el 9 de enero de 2024. Destino: bypass de Apopa de 4.8 kilómetros, diversas intersecciones con la red vial local existente, pasos subterráneos y elevados, diseño, ejecución y supervisión de obras complementarias, equipo para iluminación, señalización, control de velocidad, paradas de autobuses e infraestructura peatonal con enfoque social y medioambiental. También se realizarán estudios para futuros proyectos de carreteras para mejorar la conectividad vial.

2. $150 millones para empleo, habilidades y emprendimientos

El segundo préstamo de $150 millones del BIRF para el “Proyecto promoviendo oportunidades de empleo y desarrollo de habilidades en El Salvador”. La suscripción de este crédito fue autorizada el 9 de enero de 2024. Pretende desarrollar el acceso a oportunidades de empleo y el desarrollo de habilidades de grupos poblaciones seleccionados, priorizando a los jóvenes, que les permita la incorporación de personal capacitado a puestos de trabajo en el sector privado y además tener capacidad para el desarrollo de emprendimientos. Este programa será ejecutado por el Ministerio de Economía, a través de diferentes entidades... este programa va enfocado a beneficiar a 180,000 personas”, según había explicado el director de Crédito Público, Marlon Herrera, cuando explicó los contratos ante la Comisión de Hacienda.

3. $100 millones para respuestas a emergencias, incluso transferencias a familias de zonas vulnerables

El tercero es por $100 millones del BID para el “Programa para la protección social responsiva a choques en El Salvador”, cuya autorización fue aprobada el 9 de febrero de 2024. El propósito de este programa que , a través de la Dirección General de Subsidios, se mejores capacidades tecnológicas y fortalecimiento de capacidades, así como transferencias monetarias a diferentes beneficiarios. Se pretende beneficiar a las familias perjudicadas por el cambio climático; responder de manera inmediata ante un shock de emergencia, tanto tanto social como ambiental.

Prometen construir una base de datos de hogares en zonas vulnerables, para tener la capacidad de seleccionar y beneficiar a familias afectadas por alguna emergencia como tormentas, terremotos o ante la carestía de acceso a bienes básicos.