"Se dio la instalación, pero la vista pública va a ser reprogramada, hay ciertas situaciones que no permite que la vista pública se desarrolle con normalidad, una a consecuencia de haber tenido un mal juzgado instructor donde no permitió en aquel entonces que las partes de la defensa tuviéramos cierta prueba que teníamos que intervenir para esta vista pública, entonces el tribunal responsable está tratando de subsanar las situaciones", explicó Ivania Cruz, abogada en el caso.
Así mismo, explicó que el tribunal debe conocer una resolución de la Cámara Tercera de la Penal de San Vicente, sobre la apelación que hizo la Fiscalía General de la República al sobreseimiento provisional contra siete involucrados, y que resolvió a favor del ente fiscal, además, de la prueba al respecto de estos siete involucrados también deberá de ser integrada.
Explicó que entre la prueba que deben conocer los abogados defensores está unos audios, que fueron solicitados en la etapa de instrucción, pero les fue negado.
"La prueba que no se nos había ofertado son unos audios de unas supuestas llamadas telefónicas, a nadie le consta, nadie sabe, hasta ahorita la parte de la defensa es atendiendo el principio de buena fe, es que se considera que está en el proceso, pero a ninguno de los abogados les consta, los ha visto, los ha escuchado, no sabemos nada", explicó Cruz.
Añadió que la importancia de conocer la prueba presentada por la Fiscalía, es que ella se podría utilizar como prueba de descargo.
LaFiscalía informó que el juicio fue reprogramado para dos sesiones posteriores, una en junio y otra en julio.
Revisión de medidas.
Tras conocer la nueva fecha del juicio, la defensa de cinco de los involucrados solicitó al tribunal una audiencia especial de revisión de medidas que se realizará esta tarde, donde esperan que sean liberados bajo medidas.
"Viendo la situación de cinco personas que siguen en detención y no gozando la igualdad de los demás procesados que si tienen medidas distintas a la detención, que en abril de este años cumplen dos años, es así que se ha hecho el tema de las medidas sustitutivas a la detención...el tribunal ha decidido hoy en la tarde realizar una audiencia especial para ver las medidas sustitutivas a la detención de los cinco", afirmó la abogada defensora.
A la vista pública, que se instaló en el Centro Integrado de Justicia de Santa Tecla, se prohibió el ingreso a la prensa, alegando que el caso tenía reserva, sin embargo, los abogados desmienten esa afirmación.
Acusación
El exalcalde de Zacatecoluca, junto a José Denis Córdova, Santos Portillo González y Ever Stanley Henríquez, miembros de su concejo, son acusados de negociaciones ilícitas y cohecho.Así mismo, pasaron a la etapa de juicio los imputados Carlos Arturo Araujo y Edenilson Amílcar Pérez, por cohecho impropio; el exalcalde de San Rafael Obrajuelo Rafael Amílcar Aguilar, por peculado; el exregidor, Luis Armando Gómez, por peculado y cohecho activo tras apropiarse, aparentemente de 1,000 quintales de maíz destinado para la población afectada por el covid-19 en el 2020, provenientes del Ministerio de Agricultura y que, supuestamente, vendieron.
También los exdiputados de Sonsonate del partido FMLN; Jaime Gilberto Valdéz, por cohecho activo y tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego, y Luis Ángel Jiménez Benítez. Además, el empresario de transporte Eduardo Lara, Alejandro Oswaldo Cruz, este último, según la Fiscalía se hizo pasar por un ingeniero, ambos acusados del delito de cohecho activo.
De igual forma, están siendo procesados cuatro empresarios de transporte, dos policías y un apoderado legal.
Según la Fiscalía General de la República, el alcalde de Zacatecoluca presuntamente realizó actos de corrupción por $344,000 y el alcalde San Rafael Obrajuelo se habría apropiado indebidamente, de alimentos valorados en $9,900.