“Debido al alto costo de la canasta básica ampliada, donde el poder adquisitivo del salario se está perdiendo, le solicitamos de manera inmediata un aumento del salario mínimo de al menos, $400”, expone la carta enviada al presidente.
El salario mínimo del sector comercio y servicios mensual es $365 y entró en vigor el 1 de agosto de 2021, por lo que piden que se instale el Consejo Nacional del Salario Mínimo y "se reactiven las instancias tripartitas”, respetando el Convenio 144 ratificado por El Salvador con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los sindicalistas le piden a Bukele una reforma a la Ley Integral de Pensiones “para beneficiar a los trabajadores que no recibieron beneficios con la anterior reforma”, por lo que piden “revisar la fórmula paramétrica del cálculo de la pensión", que según los sindicalistas sería del 70 % del último salario cotizado.
Los sindicalistas piden también un ajuste salarial de $200 para los empleados públicos de todas las instituciones del Ejecutivo incluido el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El movimiento también pidió respetar los derechos laborales y cuestionó las destituciones masivas "que no permiten avanzar en el desarrollo de las buenas relaciones laborales sindicales que afectan la eficiencia y eficacia laboral”.
Impuesto a la seguridad
Estos sindicatos le pidieron al presidente Bukele que imponga un impuesto a las grandes empresas para que estas financien la sexta fase del Plan Control Territorial.“En materia de seguridad estamos de acuerdo con las fases que usted está implementando y entendemos la urgencia de recursos para mantenerlas, por lo tanto, proponemos un impuesto específico a las ganancias de la gran empresa en el entendido de que quien gane más pague más”, exponen los sindicalistas.
En su discurso del 15 de septiembre, Bukele anunció que la sexta fase del Plan Control Territorial, llamada Integración, funcionará con $30 millones del presupuesto de $60 millones del Instituto de Formación Profesional (Insaforp), que quedará con $12 millones porque se destinarán otros $18 millones a la digitalización del sistema educativo.
El secretario del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC), Fredy Vázquez, dijo a Diario El Mundo que el problema es la "falta de dinero" del gobierno "para atender las necesidades de la seguridad de la población". "Hay otras formas, como un impuesto especial a las ganancias de las grandes empresas y revisar la carga excesiva en la planilla del Estado”, sugirió.