“El Estado salvadoreño en materia de reparación no ha hecho nada o ha hecho casi nada, el Estado salvadoreño a partir de que se firman los Acuerdos de Paz ha ignorado de manera sistemática las demandas de las víctimas”, indicó David Ortiz, miembro de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador.
El tema fue traído a la palestra pública entorno a la conmemoración del “Día de justicia internacional”, por el que la Comisión resaltó que tanto el actual Gobierno como los anteriores no han abordado la sentencia que la Sala de los Constitucional emitió el 13 de julio del 2016, cuando se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y se exigió aprobar una nueva Ley de reconciliación nacional.
En el 2020 la Asamblea Legislativa aprobó “La Ley especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”, sin embargo fue vetada por el presidente, Nayib Bukele, en febrero de ese año.
La actual legislatura señaló a inicios de este año que no tenían agendado “por el momento” el establecimiento de una comisión de crímenes de guerra.
Ante lo sucedido el vocero de la Comisión, Miguel Montenegro, aseguró que las víctimas siguen esperando la justicia y reparación para garantizar que no se repita los hechos acontecidos durante el conflicto armado.
Aquí no ha habido justicia, la Fiscalía no ha prestado mayor atención a los casos, los tribunales de justicia realmente no ha habido esa voluntad plena a favor de las víctimas y mucho menos el Gobierno central en este momento”.
Miguel Montenegro, vocero de la Comisión.
Montenegro dijo que casos como el del Mozote no han sido concretizados en reparación plena de las demandas de justicia, a pesar de que el “sistema interamericano” ya señaló al Estado la necesidad de reparar a las víctimas.
La Comisión destacó que a pesar que la Corte Penal Internacional no juzgue los hechos del pasado del conflicto armado salvadoreño, la entrada en vigencia del Estatuto de Roma julio del 2022 impulsa juzgar hechos como los cometidos durante el conflicto armado desde el 2002.
Montenegro indicó que es por estos recursos que aquellas personas que han sido torturadas durante el régimen de excepción pueden denunciar, cuando la institucionalidad del país no ha funcionado, ante los organismos internacionales como el Tribunal Penal Internacional aplicando el Estatuto de Roma.
“A todas las familias que se ven afectadas por las miles de detenciones arbitrarias que existen en el contexto del régimen de excepción, las animamos a que sigan en su lucha por exigir justicia... existen organismos internacionales a los cuales se pueden acudir”, puntualizó Ortiz.
Ortiz aclaró que las denuncias no son en contra del Estado, sino en contra de las personas específicas que implementan medidas que atacan los derechos humanos de la población.