Gómez fue el único de tres exempleados de Capres que no admitió los delitos que la Fiscalía General de la República le atribuía en caso “Destape a la Corrupción” en el que el expresidente Elías Antonio Saca González fue condenado en un procedimiento abreviado en agosto de 2018, a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, como principal responsable del desfalco de $300 millones durante su gestión entre 2004-2009.
El excontador de Capres fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y activos, y peculado.
“En una audiencia especial, la jueza, luego de escuchar los alegatos de Fiscalía y defensa, resolvió otorgar el beneficio penitenciario. Ayer (22.03.2022) se le vencía el plazo a la Fiscalía para poder apelar esa resolución, no habiendo ejercido ese derecho este día (miércoles) se ha librado el oficio al centro penal donde él está cumpliendo pena a efecto de ordenar su inmediata libertad”.
Roberto Claros,
Defensor.
Pero Gómez también es procesado en el caso “Saqueo público” por los mismos delitos con la medida de arresto domiciliario, dictada por el juez Séptimo de Instrucción, quien otorgó ese beneficio el 16 de julio de 2021 a nueve exfuncionarios por haber cumplido el plazo máximo de la detención provisional o 24 meses, el 9 de junio de 2020.
“La ley es clara en decir que no puede seguir un día más en prisión después de haber cumplido los 24 meses de detención provisional y tiene que ponerse de inmediato en libertad; el juzgado Octavo de Instrucción deberá informar a la Cámara Primera de lo Penal, que fue la que impuso el arresto domiciliar, que se le va ejecutar esa medida a partir de la fecha que salga del centro penal”, explicó Claros.
El abogado Claros dijo que tanto el expresidente Elías Antonio Saca como su secretario privado, Elmer Charlaix, al ser interrogados por la comisión que investiga los sobresueldos, manifestaron que a los tres empleados de la Presidencia de la República no los conocían y que los conocieron hasta el momento de la detención.
Pablo Gómez, aún condenado por dos delitos de corrupción, seguía convencido que él no cometió ilegalidades, porque “solo había cumplido órdenes” y que no se había beneficiado del dinero que había desviado a cuentas particulares. Por esa razón, no aceptó someterse a un proceso abreviado, ya que tenía que admitir y confesar los cargos.