La nueva “Ley para la estabilidad del sistema financiero y garantía de depósitos”, que permite al Estado salvadoreño apoyar a través de instituciones del Órgano Ejecutivo en caso de una crisis financiera sistémica, inició su vigencia el lunes 15 de diciembre.
La normativa entró en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, en septiembre pasado.
Esta ley crea un Comité de Estabilidad Financiera, que puede emitir opinión antes de una declaratoria de crisis financiera sistémica por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
Una declaratoria de crisis financiera es una situación en la cual “el Estado podrá apoyar” a través de instituciones del Órgano Ejecutivo, si los fondos del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD) son insuficientes.
La nueva normativa aumentará el monto de las primas que aportan los bancos al IGD, el cual busca respaldar los depósitos de los ahorrantes hasta por un monto de $11,951. Con la nueva ley, el derecho al reclamo de pago de garantía por un depósito prescribirá luego de cinco años a partir del inicio del proceso de reclamo.
Las primas aumentarán gradualmente en tres años del 0.10 % al 0.15 % del promedio de depósitos del trimestre anterior: 0.116 % el primer año, 0.133 % en el segundo año y 0.15 % en el tercer año a partir de la vigencia.
Esta ley también modifica el consejo directivo del IGD que ya no tendrá los dos directores nombrados por los presidentes de los bancos. Mantendrá el presidente y vicepresidente, más dos directores nombrados de una terna propuesta por el ministro de Hacienda y otros dos de una terna propuesta por la SSF.
La nueva normativa fue fruto del acuerdo del gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La nueva ley es la única que ha finalizado su proceso de aprobación luego de observaciones del presidente Nayib Bukele de un paquete de leyes que buscaba regular el sistema cooperativo.
El Salvador se comprometió a implementar una nueva Ley de Estabilidad Financiera y también a "mejorar la supervisión y la gobernanza de las instituciones financieras no bancarias, de acuerdo con las mejores prácticas". En julio de 2025, el FMI consideró que la Ley de Estabilidad Financiera aún debía "alinearse con los estándares internacionales".
El acuerdo con el FMI también proyecta a mediados de diciembre de 2025 la aprobación de una ley para fortalecer la regulación y supervisión de las criptomonedas.