21 exfuncionarios de Sánchez Cerén ante la justicia por supuesta corrupción en tiendas penitenciarias

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador instaló la audiencia inicial en contra de 21 exfuncionarios del expresidente Salvador Sánchez Cerén, a quienes Fiscalía General de la República acusa de cuatro delitos de supuesta corrupción en el manejo de $14 millones de las tiendas institucionales que funcionan en las 21 cárceles del país.La lista de los imputados es encabezada por el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, el exdirector de Centros Penales Marco Tulio Lima, el ex viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl Antonio López; el exdirector jurídico, José Roberto Nóchez Melara; y el exsubdirector jurídico del ministerio, Sergio Ernesto Chicas Mejía.También son señalados los exfuncionarios Luis Alonso Barrera Peñate, Flor de María Hernández Alfaro, Orlando Elías Molina Ríos, y Ramón Fernando Roque Mártir.A la audiencia inicial se presentaron de forma voluntaria ocho de los 12 acusados que estaban ausentes la mañana de este martes.Varios de esos imputados son empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), dado que esa autónoma tuvo injerencia en "Asocambio", la organización creada para el manejo de los fondos, afirmó la fiscal del caso.A los 21, la Fiscalía acusa de los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica.La fiscal del caso indicó que solicitará al juez que decrete instrucción con la medida de detención provisional para todos los imputados, por tratarse de delitos graves.Los hechos que les atribuyen fueron supuestamente cometidos entre 2018 y mediados de 2019, con la creación de Asocambio. 

El caso.

De acuerdo con la Fiscalía, el dinero se sustraía utilizando la figura del funcionario del particular y a través de "muchos artificios" que, según la fiscal, serán ventilados en la audiencia.Aunque el fiscal general, Rodolfo Delgado, indicó que la apropiación se trataría de unos $14 millones; la fiscal del caso dijo que aún hay que hacer una pericia financiera para establecer un monto total. Fiscalía afirmó tener prueba documental y testimonial para probar la participación delictiva de los acusados. Esos fondos eran invertidos en bienes muebles como vehículos e inmuebles para crecimiento de Asocambio.

Motoristas de ANDA entre acusados.

El abogado Miguel Ángel Anaya, defensor de los empleados de Anda que se han visto involucrados en este caso, afirmó que sus clientes son cuadrilleros y motoristas quienes solo cumplieron órdenes de las jefaturas inmediatas superiores para realizar un proyecto de agua en el penal de Izalco. Según Anaya, el proyecto se desarrolló a través de un convenio institucional con Anda, durante una administración anterior.El abogado afirmó que Fiscalía ha establecido que hay un memorándum en que ANDA ordena a los empleados Carlos Hernández y Neftalí Batrez a realizar las obras en el penal de Izalco y por ello les pagaron horas extras. Ahora enfrentan la justicia por cohecho impropio.Para el abogado defensor del exministro Ramírez Landaverde, Pedro Cruz, este es un caso de "injusticia, ilegalidad y arbitrariedad" contra los procesados. A su vez, manifestó que hay "suficiente prueba" para demostrar en qué se gastaron e invirtieron cada centavo que generó las tiendas institucionales, y que "ningún centavo o dólar fue a parar a los bolsillos de los funcionarios"."Existe suficiente evidencia que fue legal y apegado a todo el ordenamiento jurídico la construcción de la sociedad Asocambio que funcionó durante los últimos cinco meses de la administración anterior", dijo Cruz.Según indicó, estos fondos fueron invertidos en programas de rehabilitación, atención de salud de los privados de libertad y el mejoramiento del sistema penitenciario."El requerimiento fiscal yo lo podría calificar como una flatulencia jurídica", afirmó el abogado Cruz.