Entre los detenidos están los seis dirigentes comunitarios del cantón Santa Marta, que fueron capturados la semana anterior: Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Teodoro Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas Ortega, Fidel Dolores Recinos Alas y Alejandro Laínez García.
Además fue acusado, en calidad de ausente, Arturo Serrano Ascencio, quien según la Fiscalía, reside en Estados Unidos.
“Se les acusa del asesinato de la señora María Inés Alvarenga, hecho ocurrido el 22 de agosto de 1989, son seis personas presentes las que contiene el requerimiento fiscal, dos personas ausentes, entre ellas, el firmante de los Acuerdos de Paz, Eduardo Sancho Castaneda, conocido como Ferman Cienfuegos, y de igual forma una persona que se encuentra residiendo en Estados Unidos, todos ellos miembros de la exguerrilla”, sostuvo el fiscal del caso.
Añadió que tenían mandos de jefaturas de escuadras, de pelotón, comandantes de la zona y comandantes nacionales. Eduardo Sancho es fundador de la Resistencia Nacional, una de las organizaciones que conformó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que aglutinó a la guerrilla salvadoreña, durante el conflicto armado.
La Fiscalía los acusa de la privación de libertad, el asesinato de Alvarenga, y de agrupaciones ilícitas, por la pertenencia a la organización, supuestamente, en ese momento ilícita.
El fiscal del caso señaló que Alvarenga fue sacada de su casa y torturada por aproximadamente 15 días, y luego fue asesianda en un campamento guerrillero.
“Tenemos una partida de defunción que refiere la causa de la muerte de la ahora occisa, señora María Inés y tenemos los familiares de la señora que han colaborado con la investigación y nos han ayudado a establecer los elementos”.
Fiscal del caso.
La audiencia contra los ocho acusados fue programada para este jueves 19 de enero, a las 8:00 de la mañana.
El pasado 11 de enero, la Asociación para el Desarrollo Social de Santa Marta (Ades) de Victoria, en Cabañas, denunció la captura de sus líderes comunitarios, por un caso del conflicto armado.
Aunque afirman que no se oponen a la investigación del caso, cuestionan que el Estado no ha tenido interés en investigar las masacres supuestamente cometidas por la Fuerza Armada en el lugar y señalan que podría haber intereses en la explotación minera, tras la detención de los líderes comuntiarios, quienes se oponen a este rubro.
La acusación fue hecha el día en que se conmemora 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado interno que duró 12 años.