Acusan a tres personas de vender computadoras del Ministerio de Educación que fueron robadas en escuelas de San Miguel

La Fiscalía General de la República presentó este viernes, la acusación en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador contra tres sospechosos de vender 68 computadoras portátiles que habían sido robadas en tres centros educativos de San Miguel, valoradas de forma preliminar en unos $20,000.Los imputados que fueron acusados en sede judicial fueron identificados como José del Carmen López, Daniel Funes y Josué Valladares, a quienes Fiscalía les atribuye los delitos de receptación y estafa, por el caso de las computadoras encontradas en un centro comercial de San Salvador, propiedad del Ministerio de Educación (MINED).José del Carmen López es el propietario y los otros dos detenidos, son vendedores que trabajaban en el local 73 del Centro Comercial Metrogangas en San Salvador, donde se incautó el lote de laptops. Las computadoras decomisadas fueron sustraídas en tres ocasiones:a principio de marzo, el 12 de julio y el 19 de julio, lo que dio origen a la investigación con miras a identificar a los involucrados en estos ilícitos.La investigación toma fuerza cuando un ciudadano alerta a las autoridades que compró una laptop con las características de los equipos que está entregando el gobierno, para apoyar la enseñanza en línea como una forma de evitar la propagación del covid-19El informante manifiesta que pagó $300 por una laptop que adquirió en ese establecimiento, pero al notar que era un equipo del Ministerio de Educación y aprovechando que tenía garantía regresa al lugar y pide que en función de la garantía, se le cambie por otro que no sea del gobierno, pero el personal, le expresa que su garantía ha expirado y no le pueden hacer el cambio.El cliente opta por informar al Ministerio de Educación del caso, reporta que compró el equipo, indica el lugar donde lo adquirió y procede a entregarlo voluntariamente.El Ministerio de Educación informó del caso a Fiscalía y se inició la investigación que tiene como fin identificar al propietario del negocio, y luego solicitar al juez correspondiente, la autorización para realizar el allanamiento el 20 de julio. Luego, las autoridades concluyeron que, tanto el dueño como sus empleados, se dedican a comercializar objetos que provienen de ilícitos y que en este caso es en perjuicio del Ministerio de Educación, por lo que se procede a la detención en flagrancia de tres personas y la incautación de todos los equipos con características del ministerio, así como sus accesorios y pantallas .La Fiscalía afirmó que ampliará su investigación para identificar a toda la red que se dedica a la sustracción de los equipos, su traslada y comercialización.La pena máxima por el delito receptación es de 4 años de prisión y el delito de estafa de 5 a ocho años de prisión. Fiscalía ha solicitado al juez la pena máxima en los dos delitos para los imputados.