Afectados de Cosavi avisan a Fiscalía de posibles delitos contra superintendenta del Sistema Financiero

Jueves 19, Diciembre 2024 - 1:40 PM
Después de tres meses de anunciada la entrega de la última capa, los afectados de Cosavi dicen que el temor ha vuelto. / Jessica Guzmán.

El abogado de los afectados del fraude millonario de la cooperativa explicó que presentaron un aviso penal ante la FGR contra la titular del a SSF por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

Afectados del fraude millonario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de RL (Cosavi) avisaron a la Fiscalía General de la República, que la superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, habría cometido los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. "Hemos venido este día como representante de los afectados de Cosavi a presentar ante la Fiscalía General de la República un aviso penal por los siguientes delitos: actos arbitrarios e incumplimiento de deberes en contra de la superintendente del Sistema Financiero, la ingeniera Evelyn Gracias”, explicó el abogado que representa a varios de los afectados del caso Cosavi, Rudy Joya. La decisión del aviso ha sido por que la titular del SSF no ha respondido a las peticiones que hacen los socios afectados, explicó Joya. Esto, porque desde septiembre de este año se presentaron una serie de escritos exigiendo transparencia de cómo iban a devolver los fondos de casi 125 personas y familias, que hasta la fecha ese escrito no ha sido contestado por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero. "Una de las peticiones que se hicieron en septiembre, fue por qué la SSF está administrando fondos de una cooperativa privada, en este caso, de ahorro y crédito y cuál es la base legal que ellos tenían para no solo estar administrando los fondos, sino que también poner en reserva la información que está decretada como tal”, cuestionó el abogado. Al momento de la revelación del desfalco, las cooperativas eran reguladas por el ahora extinto Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop). El abogado cuestiona que con la reserva del caso ha habido manipulación de la información que se ha vertido, ya que "la reserva es en proceso penal, no en administrativos, como los que activó el equipo de abogados de Unidehc, para que les respondieran a estas 125 familias el tema de la devolución de sus fondos, el plazo en el que se lo iban a devolver y cuál iba a ser la dinámica, o porqué la tardanza de no seguir autorizando el tema de capas o de devolverle el 100 % de sus fondos”, detalló el representante legal. Juan José Ortiz, uno de los socios afectados, que ha sido uno de los voceros de los afectados desde que se reveló el fraude en mayo de este año, reiteró la inconformidad que tienen de que sea la SSF la que esté administrando los fondos de la cooperativa y que el caso esté en reserva. "El 15 de septiembre fue el último día que la superintendencia anunció una devolución de dinero, que fue la capa de los $25,000, ya tenemos más de tres meses y no se ha hecho un nuevo anuncio, sobre el pretexto de ampararse en un reserva, que como ya lo explicó nuestro abogado, es de exclusivo cumplimiento en proceso penal y la SSF no es parte querellante en el proceso penal y en la medida que ya tenemos más de tres meses ha vuelto a surgir el miedo, la ansiedad, el estrés, el temor de que podemos perder nuestro dinero”, expuso Ortiz. El afectado cuestiona que cuando la SSF anunció la devolución de dinero, no lo hizo amparada en una resolución judicial, fue una decisión autónoma, "entonces no entendemos por qué ahora se pretenden amparar en una reserva judicial para decir que no nos pueden brindar información de la cooperativa y tampoco decirnos cuándo se ha de hacer un nuevo anuncio de devolución del dinero”. El aviso penal fue interpuesto hoy en la sede de la FGR en colonia La Sultana, el abogado explicó que la Fiscalía tiene un plazo de 15 días para responder. Fue el jueves 9 de mayo cuando la FGR anunció que estaba procesando judicialmente a 32 personas, entre ellos, ocho directivos de COSAVI, de R.L., por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. El fraude asciende a $35 millones, según reveló el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ese día.