Alac denuncia al Estado ante la ONU por remoción de jueces

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) denunció ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Estado de El Salvador por la supuesta violación de derechos fundamentales al no dar trámite a los recursos presentados sobre el proceso en que se removió a por lo menos a 200 jueces en el 2021, por medio del decreto legislativo 144, que ordenaba el cese de labores "de manera obligatoria, cuando las personas que ejercen dichos cargos cumplan sesenta años de edad”, reza el texto reformado por la Asamblea Legislativa; y por presuntamente haber negado información oficiosa. Alac expuso en la denuncia que, dirigieron un escrito al Órgano Judicial para "la inaplicación” del decreto, del que aseguran nunca recibieron respuesta de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justica (CSJ). La institución expresó dos razones para denunciar: primero, la violación al derecho de un "recurso efectivo y a un juez independiente e imparcial” pues aseguran que ninguno de los recursos interpusieron ha logrado frenar la efectividad del decreto y segundo, alegan que la CSJ tampoco han dado cumplimiento a la divulgación de información oficiosa pues, reservaron los nombres, currículos y proceso de nombramiento de los nuevos jueces, además de que se denegó información sobre el estado actual del caso de El Mozote.

Hechos según Alac.

En la denuncia, Alac cita una serie de hechos que considera no permiten un órgano de justicia independiente y por ende, un proceso justo para los requerimientos. Primero, mencionan la destitución de los magistrados de la CSJ y el nombramiento de los nuevos funcionarios al frente de la Sala de lo Constitucional, el 1 de mayo de 2021. Segundo, recordó que en agosto de ese mismo año, los diputados de la nueva legislatura reformaron la Ley de la Carrera Judicial, para remover a los jueces, lo que aseguran, contradijo "la estabilidad” que según ellos, la Constitución de la República les confiere. El artículo 186 establece que "la ley debe asegurar a los jueces la protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia”, y agrega además que se les debe garantizar una remuneración justa en función de sus responsabilidades.

El dato

En el documento, Alac afirma la violación de derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como por ejemplo, el acceso a información pública.