Alertan por situación de desplazados en El Salvador
Instan a que la Asamblea Legislativa apruebe una normativa integral para reconocer el fenómeno.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece como una preocupación las condiciones de vida de las personas desplazadas por violencia, especialmente a causa de pandillas.
Esto por "la falta de una protección especializada por parte del Estado, dirigida a disminuir los faltores de riesgo del desplazamiento”, dice el informe revelado ayer, luego de la visita "in loco”, de la comisión, del 2 al 4 de diciembre recién pasado.
Los comisionados saludan que el Estado se haya adherido al Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), para implementarlos en un plan para las personas desplazadas, asimismo reconoció los avances en el tema, de parte de la Sala de lo Constitucional.
"Aprobar un marco normativo integral sobre desplazamiento forzado que incluya soluciones duraderas, en el marco de la implementación del MIRPS, garantizando el acompañamiento y la asesoría en los mecanismos integrales de coordinación de protección de los derechos humanos”, recomiendan los comisionados .
El 13 de julio del 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que el Estado debía reconocer el desplazamiento forzado por violencia y que esto debía quedar plasmado en una normativa especial, que retomara acciones para prevenir el fenómeno.
A la fecha, la Asamblea tiene tres anteproyectos de ley para reconocer el desplazamiento forzado, pero a pesar que la Sala dio un año como plazo, los diputados siguen sin aprobarlo.
Según el informe, el Gobierno dijo a la CIDH que el tema está incluído en el plan Control Territorial y como reto tienen "la implementación de políticas dirigidas a esta población como la construcción y mantenimiento de albergues estatales y la implementación de servicios de acogida, así como para la aprobación de un marco normativo integral sobre el desplazamiento interno, actualmente en discusión en la Asamblea”, dice el informe revelado ayer por la CIDH, un órgano de la Oganización de los Estados Americanos (OEA).