El director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ilan GoldFajn, reveló a Bloomberg que un acuerdo de financiamiento con El Salvador está lejos de aprobarse.

Goldfajn indicó al medio internacional que aspectos fiscales, de gobernabilidad, y el bitcoin como moneda de curso legal, son temas ”bastante desafiantes en este momento”, y están afectando el cierre de un acuerdo.



El Salvador y el FMI confirmó las negociación de un programa de financiamiento de hasta $1,300 millones en marzo de 2021 y se esperaba que estuviera listo en el primer semestre de ese año. Sin embargo, el proceso se retrasó cuando la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.

El último retroceso lo causó el bitcoin, un activo digital que el 7 de septiembre del 2021 entró como moneda de curso legal en el país, y que ha sido fuertemente cuestionado por la entidad internacional.

En un informe publicado a inicios del año, el FMI señaló que aumentar la deuda pública para invertir en bitcoin y sincronizar con el mercado para adquirir bitcoin, no era “una solución permanente para aliviar las restricciones financieras”.

Además, se recomendó “limitar el alcance de la Ley Bitcoin” eliminando su calidad de moneda de curso legal.

En mayo pasado se anunció que el Fondo revisaba junto con El Salvador la adopción del bitcoin en el país. Y aunque no hay acuerdo, no se han descartado las negociaciones.

El FMI también se mostró preocupado por la adopción del bitcoin en República Centroafricana, el segundo país en el mundo en establecer la moneda como curso legal, y la primera en el continente africano.


Ciudadanos piden no usar fondos públicos en bitcoin.

La adopción del bitcoin no solo ha traído consigo una ausencia de financiamiento por parte del FMI, también la negativa de las población por la medida.

La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), publicada esta semana reveló que un 65.5 % de los encuestados catalogaron la adopción del bitcoin como un fracaso, mientras que un 77.1 % consideró que el Gobierno no debía seguir gastando dinero público para la compra del activo.

Además, un 75.6 % dijo que no había utilizado el bitcoin en todo el transcurso del año.