La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, llamó a los gobiernos de El Salvador y Haití a «garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos», en reacción a la aclaración del portavoz del secretario general de Naciones Unidas de que la gran mayoría del personal militar salvadoreño desplegado recientemente en Haití no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
El portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric, aseguró el 3 de noviembre que la mayoría de militares salvadoreños están fuera del mandato de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití, así como de sus informes.
La organización también exigió esclarecer «la suerte y paradero de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre y, si están en poder de una banda armada, deben ser liberados de inmediato y sin sufrir daño».
El pronunciamiento de la organización titulado «Los gobiernos de Haití y El Salvador deben garantizar que el despliegue militar salvadoreño respete los derechos humanos» generó, este martes, críticas por parte del diputado William Soriano, de Nuevas Ideas.
“Los Derechos de Pandilleros”, escribió Soriano en la red social X, retomando la exhortación Piquer de garantizar que las fuerzas salvadoreños respeten «el derecho internacional de los derechos humanos».
«¿Saben si Amnistía Internacional se ha pronunciado por los derechos humanos de millones de Haitianos honestos, víctimas de estos terroristas?», cuestionó el legislador, en un segundo comentario.
«El uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La protección de niñas y niños, incluidos quienes han sido reclutados por bandas armadas, exige personal capacitado en derechos humanos, protocolos específicos y atención especializada”, instó Piquer.
También indicó que las «autoridades de ambos países deben garantizar investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre toda denuncia de violaciones de derechos humanos, llevar ante la justicia en juicios justos a las personas sospechosas de responsabilidad penal y asegurar reparación a las víctimas». «La respuesta a la violencia de las bandas no puede reproducir los abusos y la impunidad que han marcado anteriores intervenciones en Haití”, indicó.
El gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó más de 2,000 soldados en Haití en una operación militar de rescate de los cuatro soldados salvadoreños que desaparecieron el 18 de octubre luego de sufrir un ataque de pandillas violentas cerca de Puerto Príncipe. Tanto el presidente como el vicepresidente han dicho que El Salvador está financiando prácticamente toda la operación con el presupuesto del país, y también que es una fuerza bilateral que es respaldada por el primer ministro de Haití.
Amnistía Internacional también exigió a ambos gobiernos «hacer público el acuerdo que ampara el despliegue» salvadoreño y «explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas, qué reglas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y cómo puede la población denunciar posibles violaciones sin temor a represalias”.
Los cuatro soldados salvadoreños desaparecidos pertenecían a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, facultados por la ley vigente desde el 2 de octubre que los autorizó a coadyuvar a las tareas de la GSF “ya sea desde la República de Haití o desde la República Dominicana” y que obliga al personal del contingente de El Salvador a “respetar las leyes y costumbres locales” y a ser “inconsistente con el espíritu de la resolución de la ONU”. Sin embargo, luego del despliegue de rescate de los cuatro salvadoreños, el vocero de la ONU aclaró que la mayor parte del contingente salvadoreño no está bajo la GSF.
