ANEP y Cámara dicen propuesta de Gobierno causará desempleo

Una propuesta guberamental de reforma al decreto de emergencia nacional en El Salvador por la pandemia del COVID-19 terminó en augurios de cierres de empresas, quiebres, despidos de facto, desempleo y pobreza.¿Qué le molesta a la empresa privada de la propuesta por el Ministerio de Gobernación a la Asamblea Legislativa?La propuesta de reforma al decreto 593 pretende darle la facultad al Órgano Ejecutivo decidir qué empresas continuarán operando durante la emergencia. Es, para la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), un decreto de cierre absoluto de empresas."Está ratificando la paralización económica. La regla va a ser que no operen las empresas y la excepción es definir cuáles pueden operar”, dice el asesor legal de la gremial, Daniel Olmedo.De acuerdo a Olmedo, en este escenario las empresas quebrarán, se generará desempleo y pobreza. "Eso mata también”, expresó.Una estimación preliminar conservadora le indica que el 50 % de las empresas están paralizadas: 350,000 trabajadores y 10,000 empresas cerradas.Sin embargo, ¿cómo evitar que la enfermedad se propague? El abogado reconoce que el Gobierno está en una situación difícil y describe el dilema: si se le apuesta todo a la economía, lo que va a matar es la salud; y si se le apuesta todo a la salud, lo que va a matar a la economía. Así, Olmedo cree que México está actuando erróneamente.La Cámara de Comercio responsabilizó al Gobierno de las consecuencias que pueda ocasionar a las micro y pequeñas empresas y el "inevitable desempleo” que provocará. Objetó que se obligara a las empresas a seguir pagando los salarios de las personas enviadas a sus hogares por la cuarentena nacional.La ANEP también se opone a que el Ministerio de Trabajo esté facultado a emitir protocolos sanitarios para empresas autorizadas a seguir funcionando.De acuerdo a la propuesta, el Ministerio de Trabajo estaría facultado a cerrar de inmediato a las empresas que no cumplan las medidas sanitarias, con ayuda de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. El cierre temporal les acarrearía una multa y posiblemente una responsabilidad administrativa, civil o penal.