Aprueban suspensión parcial al pago de energía y agua por pandemia de coronavirus

La Asamblea Legislativa aprobó con 76 votos una suspensión parcial al pago de energía eléctrica y agua potable por tres meses, para aliviar el impacto de la crisis económica generada por la expansión del coronavirus en El Salvador.La disposición transitoria prohibe a las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras de energía, así como a las distribuidoras de agua, hacer cortes por falta de pago durante marzo, abril y mayo. En cambio, los beneficiarios contarán con seis meses a partir de junio para realizar los pagos.Según la ley, gozarán de esta suspensión todas las personas naturales y jurídicas que hayan experimentado una disminución de ingresos "directamente o indirectamente por los cierres parciales o totales" para contener la entrada y contagio del Covid-19.Hasta anoche, la Comisión de Economía había acordado que todos los usuarios de energía eléctrica y agua potable, sin excepción, podrían diferir el pago; sin embargo, en la ley aprobada hoy tiene un límite para los hogares y ninguno para empresas o alcaldías.El consumo, según el último inciso del artículo 2, aplica para hogares más afectados con un consumo menor a 200 kilovatios hora promedio en el mes. Se incluyó, además, al consumo de energía eléctrica de las juntas de agua y de proyectos comunitarios y municipales.Agregan a alcaldíasLa propuesta original, hecha por Arena, incluía beneficios para hogares y empresas afectados por la pandemia. Este viernes, sin embargo, la Comisión de Economía recibió al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt para conocer su opinión.Muyshondt sugirió agregar a municipalidades a la lista de beneficiarios porque reducirán drásticamente sus ingresos, debido a la pandemia. Además, pidió que se excluya del dictamen el pago de las tasas municipales cargadas a la factura del servicio.Después de retomar sus observaciones, los diputados acordaron que las seguirán llegando con el recargo que cobran las alcaldías por alumbrado público.Además, para responder al retraso en el pago para las empresas, el Gobierno debe avalar un crédito puente para absorber los cargos derivados de la operación.