“Aquí más que populismo lo que vemos es justo un comportamiento autoritario”

El director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña de Estudios Económicos y Sociales (Fusades), Luis Mario Rodríguez, asegura que los problemas de la democracia en el mundo no han surgido con la pandemia del COVID-19, pero cree que para los gobiernos es muy importante respetar las leyes para aplicar las restricciones que conlleven a contener los contagios de la enfermedad. ¿Qué otras consecuencias, además de las electorales, ha tenido en las democracias la emergencia por el COVID-19?El tema de las elecciones es una de las varias consecuencias que las democracias están sufriendo, incluyendo la nuestra. Además de esa, hay otras consecuencias que las estamos viviendo, en el caso salvadoreño y en otros, que tienen que ver con excesos en limitaciones a los derechos y libertades fundamentales. Hay otros países que tienen un sistema político diferente al nuestro, una forma de gobierno federal y se han presentado conflictos entre niveles de gobierno; y también está afectando todo el tema de la popularidad de los presidentes, estamos viendo algunos países donde teníamos estilos populistas que están siendo muy criticados por la gente al no haber atendido científicamente la pandemia y, en otros como el nuestro, lo que estamos observando es un comportamiento que cada vez más de manera acelerada escala a un estilo de gobierno autoritario, que debe cuidar mucho el Presidente para evitar que sigan los señalamientos internacionales de las instituciones más importantes que velan por el respeto a los derechos humanos. ¿El decreto 22 no ha retrocedido en este carácter autoritario que se le pudo haber visto antes?El problema es que el decreto 22 tiene vicios de legalidad que podrían inclusive declararlo inconstitucional, si la Sala así lo dispone, desde continuar con el confinamiento obligatorio de las personas en los centros de contención como si esto fuera una sanción, porque todavía hay una discrecionalidad muy grande cuando se le faculta al Ministerio de Salud, a los médicos, a determinar si esta persona debe o no sufrir confinamiento en algún centro de contención, la denuncia que un ciudadano puede hacer de otro porque cree que está contagiado, gravísimo, porque eso podría no solo deberse a una situación real sino a otro tipo de motivos. Ahí, lo importante es tener en cuenta las sentencias que ha dado la Sala, las resoluciones de seguimiento en los hábeas corpus. Y consideramos que el Presidente puede tener el respaldo de todos los sectores, pero debe rectificar en el sentido que todas sus acciones tienen que estar respaldadas por la ley, es lo único que se pide aquí y en el mundo entero, donde se han debido tomar acciones extraordinarias, se le han otorgado poderes extraordinarios a los mandatarios. Es decir, lo que puede suceder es que la fragilidad de las democracias se pueden acentuar en esta crisis, ojalá que lo que se acentúe sean sus fortalezas y no sus fragilidades. En algunos casos latinoamericanos, Costa Rica, Uruguay, hemos visto en algunos países europeos, Nueva Zelanda, Alemania, lo que estamos viendo es que, no obstante el uso de los poderes extraordinarios, la democracia está resultando fortalecida porque no se está abusando de esos poderes y se está tomando acción con ley expresa que les permite a los presidentes actuar. No surgieron los problemas de la democracia con la pandemia pero insisto en que se pueden acentuar si entregamos cheques en blanco a los presidentes y si se abusa de esos poderes que se han entregado. ¿A qué se refiere con que El Salvador va escalando a un estilo de gobierno autoritario?A partir del 9 de febrero con la militarización de la Asamblea Legislativa y todo lo que luego el mismo Presidente expresó que esto había sido una estrategia para presionar al otro órgano de Estado en clara violación a la separación de poderes y, luego en el marco de la pandemia, vemos esta extralimitación de facultades que no han sido autorizadas por la Asamblea Legislativa, entonces, aquí más que populismo lo que vemos es justo un comportamiento autoritario.Lo que en el mundo se está dando son básicamente cuatro etapas, cuatro condiciones para enfrentar democráticamente a la pandemia: primero, la transitoriedad de las medidas, es decir, deben restablecerse lo antes posible las libertades que se han coartado de mano de los expertos técnicos, no de manos de los políticos o los militares, es decir, hoy veía una entrevista con expertos epidemiólogos, que decían que debía tomarse en cuenta un índice que nos permite saber si las medidas de confinamiento han dado o no resultado y que si es igual o mayor a cinco el resultado de este indicador tenemos que seguir con medidas de confinamiento y, si es menor o igual a uno, es que han dado resultado y podemos empezar una desescalada como en España. Entonces, ese restablecimiento de nuestros derechos tienen que estar fundamentados en conclusiones como esas, por eso, queremos ver al Presidente rodeado de médicos y no de militares, de policías o de autoridades del Ministerio de Seguridad.Luego, las medidas deben ser proporcionales a la pandemia que estamos sufriendo, es decir, en Costa Rica, no se suspendieron garantías constitucionales, ahí se optó por limitar la libertad de tránsito y de reunión a la luz de las competencias que tiene el Ministerio de Salud y de Obras Públicas. Cuando vemos que acá lo que se quiere reiteradamente es una suspensión de garantías constitucionales, entramos en una zona de riesgo muy peligrosa para la estabilidad del sistema político del país.Luego, debe haber coordinación como la estamos observando en todo el mundo, no debe haber invasión de competencias, debe haber colaboración y diálogo entre las instituciones públicas y los privados. Si de ese diálogo resultan acuerdos, no es posible, como lo estamos viendo aquí, que después se rompan y tengamos a la empresa privada, a las gremiales empresariales, con una incertidumbre muy grande de si se va a mantener este estado de confinamiento por un periodo que no se conoce cuál es, porque no hay un dictamen médico científico y, por lo tanto, las empresas, los empleos, la economía, sufrirán tremendamente.Y la última condición que se está aplicando en todo el mundo es el control de las acciones de aquellos que tienen poderes extraordinarios, aquí debe haber control político, de la Asamblea Legislativa, control jurídico de la Sala de lo Constitucional y libertad de prensa para informar lo bueno pero para también dar a conocer los riesgos que se pueden correr si se quiere atender la pandemia sin una ley expresa que respalde las acciones de los funcionarios. ¿Esas condiciones no se están dando acá?Esas condiciones se están cumpliendo a medias en el caso salvadoreño. En la transitoriedad, no estamos viendo el respaldo científico, la proporcionalidad con el estado de excepción que tuvimos prorrogado por dos ocasiones y ahora el decreto legislativo 638 que el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional señaló que es un estado de excepción velada, estamos viendo que esa proporcionalidad tampoco se está cumpliendo. La coordinación, insisto en que los acuerdos por lo que dijo la ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada) no se están cumpliendo, ya rechazaron las nuevas medidas porque van a complicar aún más la economía. Luego, el accountability, la Sala de lo Constitucional ha actuado diligentemente, hay una cantidad de amparos, de inconstitucionalidades, de hábeas corpus, que ha resuelto en favor de los solicitantes pero debe pasar a otro nivel, que es el de revisar si el desacato amerita informar a otras instituciones de control, como la Fiscalía General, sobre conductas que están incumpliendo fallos de la Sala de lo Constitucional. Ahí es donde tenemos que revisar el comportamiento de los órganos de control. PerfilLuis Mario Rodríguez es doctor en derecho privado de las universidades Autónoma de Barcelona y Dr. José Matías Delgado de El Salvador, con maestrías en Ciencia Política de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en investigación jurídica de la Universidad Autónoma de Barcelona, en derecho empresarial de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Graduado del Instituto Latinoamericano de Gerencia de Organizaciones Empresariales del INCAE, Costa Rica. Es director del Departamento de Estudios Políticos de Fusades y director de la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia (Ecade).