Asamblea blinda a funcionarios de futuras demandas y compras en la pandemia

El bloque oficialista en la Asamblea Legislativa aprobó, con 64 votos, una ley que dará inmunidad penal y civil a todos los funcionarios que enfrentan denuncias por compras irregulares durante la pandemia; así como eventuales demandas en el uso de medicamentos contra el covid-19.Durante la segunda plenaria del período 2021-2024, la Asamblea Legislativa en control del Gobierno aprobó con dispensa de trámite la "Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la pandemia covid-19".De acuerdo a la bancada de Nuevas Ideas, esta iniciativa busca "agilizar la compra de insumos para enfrentar la pandemia", como las vacunas anticovid y los distintos tratamientos médicos para tratar el covid-19.Sin embargo, en su texto, la ley crea un nuevo régimen legal aplicable a todas las personas y entiedades del Sector Salud, debido a las "situaciones excepcionales de Salud Pública" por la pandemia.En este nuevo régimen, según establece la misma ley, se crea "inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas" para proveedores de salud, médicos, farmacéuticos, organizaciones hospitalarias, fabricantes y quienes autoricen la compra de los insumos y servicios anticovid.Además, se autoriza al Ministerio de Salud y a todo el sistema integrado de salud pública "para que lleven a cabo la contratación directa" de productos y servicios relacionados a la pandemia, dejándolos excluidos de aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).La Fiscalía General de la República (FGR) investigaba, previo a la destitución del fiscal Raúl Melara, más de $155 millones de compras directas realizadas durante la pandemia, que incluían los contratos firmados por el ministro de Salud, Francisco Alabí; el (ahora) viceministro de Agricultura, Pablo Anliker; la ministra de Turismo, Morena Valdez.

¿Un fuero disfrazado?

Los diputados de la minoría opositora rechazaron la iniciativa que, como el resto de decretos aprobados por la Asamblea, se introdujo y autorizó con dispensa de trámite. Señalaron a la bancada de Nuevas Ideas de querer aprobar un nuevo fuero para funcionarios, disfrazado de beneficios para la salud. La diputada del FMLN, Dina Argueta, aseguró que al escuchar la lectura de la pieza y su decreto, "lo que menos hace referencia es a la salud y a la atención de la población salvadoreña". Argueta señaló que en el artículo 4 de la ley se crea "inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas" para los funcionarios. Belloso criticó, además, el artículo 8 por saltarse la LACAP.Al respecto, el diputado Jorge Castro, de Nuevas Ideas, omitió referirse directamente a esta acusación y sostuvo que se trata de "compras en una situación de emergencia". Además, dijo que "la LACAP no considera situaciones de emergencia". "Aquí estamos jugando con vidas, no podemos hacer esas aseveraciones. La negociación con las farmacéuticas es complicada, porque esta es una enfermedad que evoluciona en el tiempo, muta", agregó.El diputado de Arena, Donato Vaquerano, manifestó que era necesario conocer la opinión de especialistas como el Colegio Médico y gremiales de infectólogos. El diputado de GANA, Numan Salgado, defendió la ley y la respectiva dispensa de trámite. Dijo que "consultar con organizaciones y el Colegio Médico" constituye un "entorpecimiento" en el manejo de la pandemia.

Los artículos clave.

En su artículo 1, la ley decreta un nuevo régimen legal aplicable a "las responsabilidades extracontractuales de las personas y entidades que operan en el sector salud", siempre que se deriven del manejo de la pandemia.En el artículo 2, en tanto, se establece que la pandemia es una materia "de orden público", lo que hace la aplicación de esta ley "retroactiva": no habrá responsabilidad para las compras que ya se hicieron en la pandemia con anterioridad.Explícitamente, en el artículo 4, se establece inmunidad para proveedores de salud como médicos, farmacéuticas, enfermeras, organizaciones hospitalarias y quienes trabajan en el sector salud, fabricantes y titulares de autorización de comercialización y distribución.Puntulamente, el artículo dice: "Gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal, comercial u obligación de indeminzar que surja por, o que esté relacionada a cualquier producto o servicio de tratamiento médico (para el covid-19)".La inmunidad no se aplicará en la muerte o lesiones graves causadas "directamente por la mala conducta o dolo" de una persona, según el artículo 6.El artículo 8, en tanto, autoriza al Ministerio de Salud y todos los miembros del Sistema Integrado de Salud Pública a hacer contrataciones directas para la pandemia; y los deja excluidos de aplicar la LACAP.