Avanza en EEUU ley con severas sanciones económicas y políticas contra el régimen de Ortega

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó el martes una legislación para promover elecciones libres en Nicaragua, con nuevas medidas para sancionar actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos atribuidos al gobierno de Daniel Ortega.La Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER por sus siglas en inglés), presentada a fines de marzo por el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, será ahora puesta a consideración del pleno del Senado.Esto proporcionará al gobierno de Joe Biden "las herramientas diplomáticas necesarias para ayudar a estabilizar la crisis electoral fuera de control de Nicaragua", dijo Menéndez, presidente del Comité, al saludar la aprobación de la iniciativa. La norma prevé aumentar, en coordinación con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea, las sanciones selectivas de Estados Unidos contra "actores clave en el régimen de Ortega" señalados de socavar la democracia.Además, amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, y pide al ejecutivo estadounidense que revise la participación de Nicaragua en el CAFTA-DR (el pacto de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana).También agrega a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción y requiere más informes de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua.La administración Biden reiteró este martes su llamado al gobierno de Ortega a liberar a los opositores detenidos en las últimas semanas, entre ellos cinco precandidatos presidenciales para los comicios del 7 de noviembre. Price celebró que 79 países de la región y el mundo hayan "dejado claro que las acciones de Ortega y Murillo son inaceptables", al aplaudir recientes resoluciones de condena de la represión en Nicaragua por parte de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.