Banca salvadoreña pide predictibilidad en la política fiscal de mediano plazo

El sector bancario local sigue fuerte de cara a los retos que genera la crisis derivada de la pandemia del covid-19 y muestra crecimientos sólidos en indicadores clave como depósitos (11.1 %), préstamos (2.4 %) y liquidez (38.2 %) con relación al tercer trimestre de 2019.

Raúl Cardenal, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), sostiene que para que la recuperación económica sea sostenible se requiere preservar un entorno favorable a la inversión y generación de empleo, esto sustentado en un pleno respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho.

De acuerdo con el banquero, uno de los temas en los que el sector busca mayor claridad es en el manejo fiscal de parte del Ejecutivo. "Es necesario que la gestión busque eficiencia en el gasto y que la deuda pública sea sostenible, que pueda servirse en el tiempo sin afectar otros gastos prioritarios”, dijo.

Abansa busca certeza sobre el rumbo de las finanzas públicas. "Es necesario poder tener una predictibilidad de la política fiscal a mediano plazo, no solo el próximo año, para que se contribuya a mejorar la percepción y calificación del riesgo del país”, dijo.

En las últimas semanas las calificadoras de riesgo y tanques de pensamiento han encendido las alertas sobre este punto y han hecho públicas recomendaciones sobre la elaboración del presupuesto 2021 (en evaluación) y de los cada vez mayores costos del servicio de la deuda.

Abansa recalcó en la presentación de su informe sectorial, correspondiente al tercer trimestre de 2020, que el déficit fiscal alcanzó los $2,251 millones (a septiembre) y reporta un aumento 5.9 veces respecto al mismo período de 2019, mientras que la deuda pública cerrará 2020 arriba de la marca del 90 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Puntos de vista

Tanto Abansa como economistas y tanques de pensamiento abogan por un mejor manejo de las finanzas públicas de cara a la etapa de recuperación de la economía.

La banca local es la principal compradora de la deuda de corto plazo, la cual se encuentra en límites históricos. Esta es colocada bajo instrumentos como los Certificados y Letras del Tesoro, conocidos como CETES y LETES, respectivamente.

Cardenal explicó que el sector maneja alrededor de $1,000 millones en LETES, mientras que tiene unos $400 millones en CETES.

El presidente de Abansa dijo que las calificadoras están pendientes de que el Ejecutivo ponga en marcha un plan de sostenibilidad fiscal para que el gasto sea eficiente y el servicio de la deuda se cumpla a cabalidad.

El sector es consciente que crece la dificultad para conseguir recursos adicionales a escala local e internacional lo que hace necesario un esfuerzo en materia de sostenibilidad.

Visiones.

Abansa se mantiene optimista de que la economía logre recuperarse con rapidez, en especial tras el anuncio de acuerdos para la disponibilidad de la vacuna en El Salvador en el primer trimestre de 2021; sin embargo, analistas advierten de la necesidad de ordenar un presupuesto realista que dibuje bien el perfil de la deuda y necesidades de financiamiento para el próximo año.

Rommel Rodríguez, investigador de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), explicó la semana pasada que el próximo año el país necesitará de más fondos para cubrir sus compromisos con los deudores, sin embargo, esto no es claro en el proyecto presentado en la Asamblea Legislativa.

"Este incremento que se da de $780 millones a $877.88 millones (intereses de la deuda) se aproxima al pago de interés por la emisión de títulos valores que tuvimos en julio, que son $95 millones; sin embargo, ¿dónde quedan entonces los pagos de intereses a las LETES y CETES y otros préstamos que se están obteniendo durante el ejercicio fiscal 2020? Todo parece indicar que el pago de los intereses también está subestimado. Debería de destinar más recursos”, alertó.

Cardenal explicó que ahora los CETES se cancelan cuando se desembolsan los créditos que ya están están aprobados. Dichos instrumentos son calificados como "créditos puentes” y este año una parte se liquidó tras la emisión de los eurobonos (por $1,000 millones), mientras que adelantó que otra parte se está negociando con créditos que ya están aprobados por organismos multilaterales y se está esperando la aprobación de la partida en la Asamblea Legislativa para desembolsarlos.