Así el mandatario se refirió a un comunicado que más temprano había emitido la comisión, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que expresaba “preocupación por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias, y el incumplimiento de las garantías judiciales”, en torno al prolongado régimen de excepción que se estableció en marzo ante una ola de crímenes.
También resalta que según sus informes “muchos familiares continúan a día de hoy enfrentando desafíos para confirmar el paradero de sus entes detenidos". La Comisión dice ha sido informada sobre el uso desproporcionado de la fuerza en los operativos policiales, inclusive en contra de personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
Por ello hizo un llamamiento a que el Estado fundamente y acredite, en cada caso, la existencia de "indicios suficientes" que permitan suponer razonablemente la conducta delictiva de la persona y que la detención sea estrictamente necesaria.
El 14 de octubre pasado la Asamblea Legislativa aprobó nueva extensión del Régimen de Excepción hasta el 17 de noviembre bajo el argumento de que ”la vigencia de las medidas extraordinarias resulta necesaria en este momento para continuar las actividades operativas de seguridad".
Al respecto, El Salvador justificó a la CIDH que en El Salvador se han registrado más de 116.000 muertes producto de la actividad criminal de las pandillas y de su ejercicio sistemático de la violencia, destacando los 87 homicidios perpetrados entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
Desde que está aprobado el régimen de excepción, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad, 57.007 personas han sido detenidas, de las cuales, al menos 47.983 están bajo prisión preventiva.