El Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición del público datos globales de los activos y pasivos de funcionarios públicos, una obligación según la nueva Ley Anticorrupción y uno de los compromisos del Gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el sitio web de la Asamblea Legislativa, puede ingresar a “Consulta Activos y Pasivos”, colocar el nombre completo de la persona, su cargo exacto y también el nombre de la institución de ser colocado en forma completa.
Las cifras generales de activos y pasivos, según el sitio, incluye al declarante, cónyuge, conviviente e hijos.
Así, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, aparece con activos por $594,000 y pasivos por $385,651, por lo que su patrimonio resultaría de $208,349.
El presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, posee activos por $4,561,160.23 y pasivos por $94,681.99, por lo que su patrimonio resulta de $4,466,478.24.
También, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, posee $321,580.15 en activos y $89,205 en pasivos. Ello implica que posee un patrimonio de $232,375.15.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, aparece con activos por $175,000 y pasivos por $27,000, por lo que posee un patrimonio de $148,000.
De la misma manera, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Seledonia Soriano de Viaud, también aparece en el registro, con activos por $244,500 y pasivos por $56,500.
También, por ejemplo, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Guadalupe Ayala Guerrero, aparece con pasivos por $312,177.36 y sin activos, por lo cual su patrimonio sería negativo.
El registro interactivo puede ser consultado por cualquier ciudadano sin necesidad de introducir una identificación, correo y contraseña, a diferencia del registro de compras públicas. Para ingresar puede buscar el link de «Consulta Activos y Pasivos» o puede ingresar directamente al link https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/consulta/pasivosActivos/.
El Salvador se comprometió en el acuerdo con el FMI a «promulgar una nueva Ley Anticorrupción» que fuera coherente con «principios de alto nivel del G-20» sobre «declaración de activos de funcionarios públicos» y la «publicación de las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios enumerados en el artículo 236 de la Constitución».
El compromiso se dio en el marco de los objetivos de gobernanza y transparencia en la primera revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).
Así, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Anticorrupción el 7 de febrero de 2025. Esta normativa obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar informes de activos y pasivos cada año a partir de 2025 y que serían publicados luego de 15 días de ser presentados.
En el pasado, las declaraciones patrimoniales con sus adendas fueron públicas; concretamente en 2015 y 2016 pero a partir de 2020 se empezaron a emitir reservas a esta información. En 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que las adendas patrimoniales eran confidenciales.
