California someterá a referendo el próximo 3 de noviembre una propuesta para establecer un impuesto extraordinario del 5 % sobre las fortunas superiores a $1,000 millones. La medida, denominada Propuesta 40, afectaría a entre 200 y 250 personas en el estado estadounidense y pretende recaudar aproximadamente $100,000 millones durante cinco años, principalmente para financiar servicios de salud.
La iniciativa surge ante los recortes federales impulsados por el presidente Donald Trump mediante su legislación fiscal conocida como One Big Beautiful Bill Act. Según el California Budget & Policy Center, el estado podría perder alrededor de $30,000 millones anuales en fondos federales destinados a Medi-Cal, su programa de Medicaid.
El Departamento de Servicios de Salud de California estima que hasta dos millones de personas podrían quedarse sin cobertura sanitaria.
Los promotores del impuesto plantean destinar el 90 % de los recursos recaudados al sector salud. Salvador Andrade, trabajador de Kaiser Permanente e integrante del comité ejecutivo del sindicato SEIU-UHW, considera que la medida es «la única respuesta» frente a los recortes federales en salud y educación.
«Nosotros pensamos que es justo que ellos, que pueden pagar, lo hagan, no nosotros que vamos mes a mes», dijo a EFE. Los defensores reconocen que el gravamen sería apenas «una curita» temporal mientras esperan cambios en las políticas federales.
La propuesta cuenta con el respaldo del senador demócrata Bernie Sanders y de algunos empresarios con grandes patrimonios. Entre ellos figura Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, cuya fortuna asciende a unos $197,000 millones, según Forbes.
El empresario manifestó en una entrevista con CBS News que pagaría con «alegría» el impuesto.
Sanders, por su parte, cuestionó las advertencias de quienes amenazan con abandonar California y calificó esas presiones como «extorsión».
«Este es un gran estado donde ahora mismo están ganando muchísimo dinero», sostuvo.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte oposición entre empresarios tecnológicos. Sergey Brin, cofundador de Google, aportó $102 millones a la campaña contra el impuesto, mientras que Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, donó al menos $3 millones a una organización empresarial que busca impedir su aprobación.
Los opositores advierten que el gravamen podría reducir la inversión y acelerar la salida de grandes patrimonios del estado.
El gobernador demócrata Gavin Newsom también rechaza la Propuesta 40 porque considera que podría provocar la marcha de contribuyentes de altos ingresos y afectar la recaudación fiscal de California. Además, impulsa la Propuesta 42, una iniciativa que modificaría la Constitución estatal para impedir elementos fundamentales del nuevo impuesto y que, de aprobarse, dejaría sin efecto la medida dirigida a los milmillonarios.
La discusión ocurre después de que varios empresarios trasladaran sus residencias o compañías fuera de California. Elon Musk se mudó a Texas en 2020 y posteriormente trasladó las sedes de Tesla, SpaceX y X. Por su parte, Lynsi Snyder, propietaria de In-N-Out, anunció en 2025 su traslado a Tennessee, aunque aclaró que la sede corporativa de la empresa permanecería en California.
El economista Matthew Kahn, profesor de la Universidad del Sur de California, teme que un nuevo impuesto acelere esta tendencia y debilite el desarrollo tecnológico de Silicon Valley.
«Si empezamos a subir los impuestos a los ricos, eso empezará a llevar a gente con talento a irse a otros lugares, y el frágil ecosistema de Silicon Valley podría deshacerse», advirtió.
Kahn también cuestiona que el impuesto se aplique una sola vez, como sostienen sus impulsores, y considera que podría abrir la puerta a nuevos gravámenes similares.
«Veo la aprobación de la Prop 40 como un precedente peligroso», afirmó.
Mientras tanto, las encuestas muestran una opinión pública dividida: aunque algunos sondeos de septiembre favorecían la iniciativa, dos mediciones recientes citadas por Manhattan Institute e IVC Media registraron una ventaja del rechazo de 15 y cuatro puntos porcentuales, respectivamente. La decisión final quedará en manos de los votantes californianos el 3 de noviembre.
