La Cámara de la Segunda Sección del Centro, de Cojutepeque, en Cuscatlán, ordenó el pasado 28 de junio una evaluación médica de manera "urgente" para los seis detenidos de la comunidad Santa Marta, quienes son procesados desde enero de este año por un asesinato cometido durante el conflicto armado.

Una vez se obtengan los informes médicos, en los tres días hábiles posteriores, deberá fijarse una fecha para la audiencia de revisión de medidas.



"Ordenar que previo al señalamiento de día y hora que deberá para la audiencia especial de revisión de medidas, gire oficios correspondientes al Instituto de Medicina Legal para que médicos forenses evalúen la situación de salud de todos y cada uno de los imputados de manera urgente", dice la resolución de la Cámara.

La orden de la Cámara ocurre luego de anular la resolución emitida el 13 de junio por la jueza del Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas, en donde negaba la solicitud hecha por la defensa de una audiencia de revisión de medidas, bajo los argumentos que era repetitiva.

De igual forma, que los defensores no habían acreditado cuáles eran las condiciones de variabilidad en cuanto a la salud de los procesados, con respecto a los discutidos en la audiencia de revisión de medidas que se realizó en febrero.

Ante ese razonamiento, la Cámara explicó que el fallo carecía de fundamento, en razón que pasó por alto que los seis procesados están en prisión y sus abogados no tienen acceso a ellos.

"Ha pasado por alto que los encartados se encuentran detenidos, y que la única manera de tener información actualizada sobre la situación de salud de los procesados, es que la autoridad judicial -juez de la causa-es quien debe de ordenar al Instituto de Medicina Legal que evalúen nuevamente a los imputados...pues con el régimen de excepción actual, los reos inclusive no tienen derecho a visitas, por lo que no existe otra alternativa de conocer la situación actual de salud de los procesados".
Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque


Los seis procesados, quienes la Fiscalía General de la República acusa del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, ocurrido en agosto de 1989 son Fidel de Dolores Recinos, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alejandro Laínez García.

El pasado 8 de junio, el abogado defensor, Dennis Muñoz, solicitó la revisión de medidas, y afirmó que era fundamental que se les cambiara la detención, luego de cinco meses desde que fueron capturados, además porque se trata de personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas ya certificadas en el expediente judicial.

El 15 de junio, la defensa y juristas de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández ", presentaron un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde pidieron la libertad inmediata para los seis detenidos.